Las autoridades levantaron esta instalación en solo ocho días en los pantanos de Florida y la promueven como un nuevo estándar para encarcelar y deportar migrantes de forma “más rápida y económica”, aunque su costo por cama —245 dólares diarios— supera ampliamente el promedio nacional.
Con una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal no se pronunció aún sobre la constitucionalidad de la medida, pero sí limitó la capacidad de los jueces federales para suspender decisiones de la administración federal, como ha ocurrido con decretos migratorios en el pasado.