WASHINGTON, D.C.— La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la aplicación parcial de una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que modifica el criterio para otorgar ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes en situación irregular o bajo protección temporal.
Con una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal no se pronunció aún sobre la constitucionalidad de la medida, pero sí limitó la capacidad de los jueces federales para suspender decisiones de la administración federal, como ha ocurrido con decretos migratorios en el pasado.
“La función de los tribunales federales no es supervisar de forma general al poder ejecutivo, sino resolver casos conforme a la autoridad otorgada por el Congreso”, explicó la jueza Amy Coney Barrett, quien redactó el dictamen de mayoría.
El decreto, firmado el 20 de enero por el presidente Trump en el marco de su nuevo mandato, busca negar la ciudadanía automática a hijos de personas nacidas en Estados Unidos que no cuenten con residencia permanente, incluyendo quienes se encuentren en el país bajo estatus de asilo, visa temporal o sin documentos migratorios.
Esta práctica, conocida como jus soli, se basa en la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde 1868, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
Con la decisión de la Corte, la administración tendrá un plazo de 30 días para comenzar a aplicar la nueva disposición. Es importante subrayar que la medida no revoca la ciudadanía a quienes ya la poseen, sino que será válida únicamente para nuevos nacimientos ocurridos tras su entrada en vigor.
¿Dónde se aplicará?
La restricción comenzará a operar inicialmente en 28 estados del país. Entre ellos se encuentran varias de las entidades con mayor población migrante, incluyendo Texas y Florida. La lista completa es la siguiente: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
El impacto se sentirá particularmente en comunidades de origen latino, incluyendo las familias mexicanas, que conforman una parte significativa de la población migrante en varios de estos estados.
Aunque esta orden no representa una eliminación total del derecho de ciudadanía por nacimiento, marca un cambio importante en el enfoque de las políticas migratorias estadounidenses. El tema continuará siendo objeto de análisis jurídico y político en los próximos meses, en tanto se resuelve el fondo del asunto: su constitucionalidad.
AM.MX/fm
