Este acuerdo busca construir más de 200 mil viviendas y generar más de 121 mil empleos, priorizando a las familias más vulnerables y abordando el rezago habitacional en la capital.
La modificación busca fortalecer el marco jurídico local, alineándolo con los principios de derechos humanos, y establece que el Congreso será competente en materia de vivienda.
La reforma, aprobada durante una sesión extraordinaria del Congreso local, añade un numeral al artículo 9 de la Constitución para asegurar que cada ejercicio presupuestal se destine recursos específicos, administrados bajo reglas claras, para fortalecer estas comunidades urbanas.
El texto aprobado especifica que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o pisos adicionales sin cumplir con los requisitos legales.
A través de una iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora ecologista explicó que bajo el estricto sentido de definición del artículo Cuarto, párrafo séptimo, solo las familias tendrían reconocido el derecho a la vivienda, y las personas, en lo individual, quedarían exceptuadas de acceder a este derecho.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a mantener vigente la clasificación hotelera, que permite identificar fortalezas y áreas de mejora, así como mostrar la calidad de los servicios