Esta reforma, conocida como la "Ley Paola Buenrostro", representa un avance significativo en la protección de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, estableciendo penas severas para los crímenes motivados por la identidad o expresión de género. La ley también incluye medidas para combatir la violencia contra las mujeres trans y fortalecer el sistema de justicia en la capital.
Las reformas también agravan las sanciones en casos donde existan relaciones de subordinación o superioridad, incluyendo contextos religiosos, institucionales, de servicio o cualquier otra relación análoga.