Resalta que la mayoría de contratos fueron firmados y autorizados por Efrén Hernández Mondragón, en ese tiempo director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración.
En esta ocasión, la auditoría de la Cuenta Pública de 2023 muestra que hay, al menos, 51 mil 765 millones de pesos de recursos federales que las instituciones de gobierno usaron de manera irregular y que hasta la fecha no han podido aclarar, justificar o, en su defecto, devolver.
Las anomalías, que incluyen desde posibles gestiones irregulares en viajes hasta supuestos cobros de moches a empleados por mantener su trabajo, fueron reportadas preliminarmente al pleno del INAI en diciembre del 2024 y se le dio oportunidad a dicho organismo de que aportaran datos y elementos que las justificaran previo a la publicación de los informes finales.
En una ceremonia celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que los representantes de todas las bancadas parlamentarias expresaron su respaldo a la labor de la ASF y de Colmenares Páramo, el auditor superior aseguró que en su administración, que inició en 2019, la ASF ha tenido un “avance sustantivo” en la modernización de su trabajo fiscalizador con el uso de tecnología.