CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la demanda de amparo en la que se exige al Gobierno federal emitir la declaratoria de zona de monumento arqueológico para el sitio sagrado de Guiengola, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
⇒ Esta medida es considerada vital para garantizar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) implemente acciones urgentes de protección y conservación en este antiguo centro ceremonial zapoteca.
Mariana Yañez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena (organización que promovió la demanda de amparo), indicó que Guiengola es un centro ceremonial y zona arqueológica zapoteca que permanece sin el decreto declaratorio, lo que la deja en una condición de vulnerabilidad extrema.
⇒ La ausencia de reconocimiento legal ha facilitado invasiones, saqueos y el deterioro progresivo de un sitio que no sólo tiene valor histórico, sino que forma parte de la memoria viva de las comunidades que lo rodean.
La abogada señaló que el problema no es únicamente técnico o administrativo; es político. Durante décadas, dijo, el modelo de gestión del patrimonio ha excluido sistemáticamente a los pueblos indígenas, tratándolos como espectadores de una historia que les pertenece. “La narrativa oficial exalta las civilizaciones originarias del pasado, pero ignora a sus descendientes contemporáneos”.
Yañez Unda destacó que el litigio no sólo cuestiona la falta de protección de un sitio específico, sino que abre la puerta a una discusión más profunda: quién tiene la autoridad para decidir sobre los territorios ancestrales y bajo qué condiciones. En el fondo, precisó, se trata de desmontar un modelo centralista que ha monopolizado la gestión del patrimonio y ha relegado a las comunidades a un papel marginal.
⇒ El caso Guiengola podría convertirse en un parteaguas, aseguró, si el tribunal opta por consolidar esta línea y establecer obligaciones claras para el Estado en materia de protección patrimonial con participación comunitaria.
La vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena mencionó que la organización ha impulsado el caso Guiengola como parte de una estrategia más amplia para reposicionar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la defensa de su patrimonio. El trabajo, apuntó, articula herramientas jurídicas nacionales e internacionales con las demandas históricas de las comunidades, buscando sentar precedentes que transformen la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
“No basta con preservar vestigios; es necesario reconocer derechos. La resolución de la SCJN no sólo tendrá implicaciones legales: será una señal política sobre el tipo de país que se busca construir. Uno que continúa administrando la memoria desde arriba, o uno que finalmente reconoce a los pueblos indígenas como protagonistas de su propia historia”, finalizó.
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AM.MX/dsc
