CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio (AlMomentoMX).- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó hacer un exhorto al gobierno federal para que informe sobre la adquisición y uso del malware Pegasus, que presuntamente fue usado para espiar periodistas y defensores de derechos humanos.
Con cinco votos en contra y uno a favor, el de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard Mariscal, el organismo rechazó la propuesta.
Peschard Mariscal dijo que de confirmarse la información sería una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso podría configurarse el delito de peculado, por lo que consideró de gran importancia contar con toda la información oficial al respecto.
“En opinión del Comité de Participación Ciudadana, pensamos que las autoridades podrían darnos información sobre el programa Pegasus. ¿Quiénes lo tienen? ¿Cuánto se ha gastado en él? ¿Cuál es el marco jurídico? Para tener mayor información del caso”, destacó durante la sesión ordinaria del Comité.
Como integrante del Comité Coordinador del SNA, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, votó en contra, pero rechazó argumentar el sentido de su voto.
De acuerdo con Milenio, la PGR adquirió el sistema Pegasus cuando Jesús Murillo Karam estaba al frente de la dependencia, pero fue empleado hasta que Arely Gómez se convirtió en procuradora general.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, dijo que no podrían aprobar un exhorto en los términos propuestos porque el caso debe ser investigado primero por las autoridades competentes.
“Si analizamos y damos lectura a todas las facultes del Comité, prácticamente nuestra función no es la operación práctica de los casos concretos, pareciera ser la que la PGR o el futuro Fiscal Anticorrupción tienen la facultad de poder hacer la investigación, y ya estando los casos concretos con evidencias o instrumentado por la autoridad competente, entonces si tendríamos el caso concreto para poder hacer una recomendación o exhorto, para la aclaración pública de algo que ya esté acreditado”, dijo.
Por su parte, Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dijo que las autoridades deben investigar el caso sólo si se confirma que existe delito por perseguir, pero “no está probado ante nadie”.
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