***Procuradores, ministerios públicos y psicólogos en el ajo
***Gobernador, fiscal general y vicefiscal anticorrupción, ciegos y sordos
José SÁNCHEZ LÓPEZ
HACE lo menos nueve años, a fines del mandato de IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO y los inicios de ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, se creó en el estado de Yucatán toda una estructurada red de traficantes de menores a nivel nacional e internacional.
Los culpables han cambiado con el tiempo, pero la organización, siempre con altos personajes, sigue operando igual desde hace casi una década.
En la trama de la trata de memores participa activamente personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), cuya titular es TERESITA DE JESÚS ANGUAS ZAPATA.
También de la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, encabezada por JOSÉ ENRIQUE GOFF AILLOUD, ahijado de ZAPATA BELLO. Este individuo lleva dos años en el cargo sin dar resultados y ahora lo va a premiar el gobernador MAURICIO VILA DOSAL elevando la Vicefiscalía a Fiscalía General Anticorrupción, con presupuesto propio y autonomía.
Su puesto se lo debe a ROLANDO ZAPATA, por lo que resulta explicable que a pesar de que existen 26 denuncias en contra del ex gobernante meridano, ninguna ha prosperado.
En la siniestra trama que causa la desdicha de cientos de padres, un papel importante lo ha desempeñado ARMINDA GUADALUPE CIAU FLORES, ex titular de la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado, especializada en niños y adolescentes, que son entregados a nuevas familias sin que concluya el proceso jurídico sobre la situación legal de los infantes.
El tráfico de menores en Yucarán es más que evidente, sin embargo el gobernador MAURICIO VILA DOSAL parece no darese cuenta, ni tampoco el fiscal general, JUAN MANUEL LEÓN LEÓN, que están más entretenidos en eventos sociales.
El modus operandi de los modernos “robachicos” es el siguiente:
Citan a una familia bajo el argumento de que los padres fueron denunciados de manera anónima por maltrato infantil, o bien porque detectaron que se trata de un hogar desintegrado: problemas de alcoholismo, maltrato, etc.
Lógicamente tienen que presentarse con los niños.
Ya en las oficinas les dicen que tienen que llevar a los infantes a una área de psicología para evaluarlos e investigar la situación, pero ya no les regresan a los niños “porque descubrieron que son víctimas de maltrato”.
Después niegan a los padres toda información.
Para garantizar la entrega de los menores de edad a las nuevas familias, la Profedefa manipula expedientes, falsifica informes de Trabajo Social y psicológicos, y con la complicidad de personal de la Fiscalía General, los infantes son declarados como no aptos para declarar.
Y sin más, los canalizan al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) donde prosigue la cadena de tráfico.
Con todas estas artimañas y si el juez no ahonda en los casos y considera que todo está acorde con la ley, dictamina a favor de la nueva familia. Mientras, a los familiares les ponen todo tipo de restricciones, legales e ilegales, para que no puedan hacer nada.
De esa manera los niños son trasladados a diversos estados del país e incluso al extranjero.
Hay una larga lista de personalidades que están a la espera de una adopción, por lo que se dice que los futoros “tutores” llegan a “invertir” millones de pesos con tal de lograr su objetivo.
Uno de esos casos:
Desde hace 10 años, la señora MARIBEL NOJ MONTEJO lucha por recuperar a sus dos nietos que fueron separados y entregados en adopción a familias distintas.
Como una burla judicial, el proceso jurídico aún no concluye.
Otro más:
Un pequeño, entregado ilegalmente, al día siguiente de su adopción sus tutores se lo llevaron a Francia. Actualmente vive en París, muy alejado de sus familiares biológicos que no han podido recuperarlo.
DARIANA QUINTAL NARVÁEZ, representante del “Movimiento Yucatán… ya no más negocios con nuestros hijos”, señaló que la problemática de la señora NOJ MONTEJO sólo es uno de los más de 100 casos de anomalías, arbitrariedades, incongruencias y falta de profesionalismo que protagonizan la Prodemefa, la Vicefiscalía y otras autoridades.
Bajo esa perspetiva, ORTEGA PACHECO y ZAPATA BELLO, al menos fueron cómplices por omisión y dada la actitud indolente de VILA DOSAL, todo apunta a que los traficantes de menores sigan operando sin problemas.***“SERVIRSE DE UN CARGO PÚBLICO PARA DELINQUIR NO ES INMORAL, ES CRIMINAL”.***AU
REVOIR.
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