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José SÁNCHEZ LÓPEZ

NO es la primera vez, pero parece que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda no entienden que no deben vender lo que no es suyo, si antes no se comprobó la ilegalidad de lo incautado, porque después tienen que reponerlo y con intereses.

Hay varios casos en los que la PGR, a través de comunicados, da a conocer la incautación de propiedades, dinero o bienes muebles e inmuebles, porque “provienen de actividades ilícitas”.

De esa manera las dependencias publicitan el aseguramiento de residencias, yates, edificios, autos de lujo y de colección, aviones, joyas, relojes, armas, dinero, etcétera.

Lo que no informan, son los reveses que les da el Poder Judicial cuando la obliga a devolver muchas de las cosas que requisó y, lo peor, de las que ya dispuso.

Es el caso del avión, Rockwell Sabreliner, asegurado en el 2000, cuando el procurador era JORGE MADRAZO CUÉLLAR.

Al piloto y copiloto se les consignarn por delitos contra la salud. Dos años después fueron absueltos porque “la PGR alteró el estado físico de la aeronave y con ello impidió que sirviera como prueba en el proceso penal”.

Pese al fallo judicial, el entonces procurador RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, desacató el mandato y dispuso que el avión se sumara a la flota de la PGR. Lo usó seis años y en abril de 2006 lo remató como chatarra en 70 mil pesos.

En el 2008, la empresa Servicios y Reparaciones Aeronáuticos, S. A.,  dueña del aparato, presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado y en noviembre de 2015 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolvió que la PGR y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Hacienda, tienen que pagar 13.9 millones de pesos por daños y otros 257.6 millones por perjuicios.

Los daños son por la pérdida del avión, que valía 780 mil dólares cuando fue asegurado, y los perjuicios la ganancia que la empresa, dejó de percibir al no poder utilizarlo.

Esos 271 millones que deben de pagar, equivalen al presupuesto asignado este año a la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales.

En ese entonces el fallo aún no era definitivo, pero ADRIANA CAMPOS LÓPEZ, directora general de Asuntos Jurídicos de la PGR, en la gestión como procuradora de ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, presentó el recurso de impugnación 15 días después del término, por lo que en julio de 2016 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó el recurso por extemporáneo y finalmente, el 16 de noviembre, ya con RAÚL CERVANTES ANDRADE como procurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró improcedente el recurso, con el que la PGR intentaba mantener vivo el litigio, por lo que la sentencia se volvió inapelable.

Otro caso fue el ocurrido durante la gestión de FERNANDO ANTONIO LOZANO GRACIA, cuando decidieron vender la pistola de HECTOR “El Güero” PALMA SALAZAR, socio de “El Chapo” Guzmán.

Se trataba de una pistola escuadra, con cachas de oro y una palma de esmeraldas en cada una de ellas, recamada con rubíes, brillantes y zafiros.

Un año después de la subasta, el juez de la causa ordenó que le fueran devueltos parte de sus bienes al narcotraficante, entre ellos la pistola., pero ésta ya había sido subastada. La había comprado un turista español y ya no pudieron recuperarla, aunque en este caso no hubo mayor problema porque como “El Güero” sigue tras las rejas, pues ni quién la reclame.

De todos modos, si acaso decide acudir a alguna de las “ventas de garaje” de la PGR y la SH, cerciórese que lo que vaya a comprar ya esté debidamente legalizado, para que después no tenga que devolverlo, por el mero capricho de la PGR de quitarle sus propiedades a los narcos. Mejor sería quitárselos a los políticos corruptos ¿no cree usted? ***AU REVOIR.

                                                                                     joebotlle@gmail.com

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