José SÁNCHEZ LÓPEZ
LA Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus 100 años a cuestas, sigue siendo considerada como una de las más completas y mejores entre las 194 de los países que conforman el mundo, aún con sus más de 700 reformas a través de un siglo, pero al mismo tiempo, resulta una de las menos respetadas y más violentadas.
Y esto viene a cuento por la reciente creación de la Constitución de la Ciudad de México, que, al menos en teoría, igual que nuestra Carta Magna, resulta óptima, aunque a nivel de escritorio.
Dicen que al aprobar la Asamblea Constituyente la creación del Consejo Judicial Ciudadano, se abrió la puerta a la ciudadanía para que participe de manera directa en la definición del Poder judicial en la Ciudad de México.
Quedará integrado por 11 profesionales del derecho, que no deberán militar en ningún partido político, no podrán haber sido candidatos a ningún puesto de elección popular, al menos cuatro años antes y, además, no tendrán sueldo.
Anteriormente, el presidente del Consejo de la Judicatura, como sigue siendo en el caso del fuero federal, el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su par del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, asumían en automático la Presidencia del Consejo lo que les redituaba (en el caso de la SCJN aún sigue siendo así) un doble y jugoso salario.
Lo paradójico, es que precisamente el Consejo de la Judicatura es al que le corresponde vigilar, calificar y sancionar el actuar de jueces y magistrados, por lo que resulta incongruente que al mismo tiempo, funja como juez y parte.
También se estableció la transformación de la Procuraduría de Justicia en una Fiscalía General, autónoma en su gestión y con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Los aspirantes deberán ser abogados titulados y contar con al menos una experiencia de cinco años.
Dicha fiscalía, deberá establecer lineamientos y protocolos para la aplicación de medidas cautelares (arraigo), la observancia estricta de los Derechos Humanos en el proceso penal y la creación de la Unidad Interna de Combate a la Corrupción y a la Infiltración de la delincuencia organizada.
Es decir que ahora sí irán con todo contra los servidores públicos corruptos.
En el caso de la prisión preventiva, deberá regirse por los principios de presunción de inocencia y legalidad y se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda
Por la comisión de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad de cuenta vigente, y si se trata de un primo delincuente, se impondrán únicamente penas alternativas a la privación de la libertad.
De darse el caso que deben ser recluidos, se les garantizará trato digno y humanitario, sustentado en oportunidades de trabajo y las medidas de seguridad, disciplinarias y de control, preservarán en todo momento los Derechos Humanos de los internos.
Quedan prohibidos el aislamiento, los trabajos forzados, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
¿Qué antes si eran permitidos?
Se establecerá un Sistema integral de Justicia para adolescentes, separado del sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan entre 12 y menos de 18 años de edad.
Los Constituyentes crearon también una Sala Constitucional, la que, desde el Tribunal Superior, determinará cuándo una ley, una norma o resolución judicial sea acorde o no con la nueva Constitución.
Es decir que para el aún presidente de la Asamblea Constituyente y posible candidato de la alianza PRD, PT y MC a la gubernatura del Estado de México, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, ahora sí se respetará y se aplicará la ley con justeza.
Veremos***EL CAMINO HACIA EL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES.***AU REVOIR.
