Teresa Gil
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El problema que se traen en Nuevo León, por la investigación que se está haciendo en torno al gobernador Samuel García, ha llegado a la Suprema Corte y generado un caso de desunión cuando, por cierto, en su celebración de un año, la presidencia del organismo llama a la unidad de todos. El caso mencionado fue cuestión de la ministra Estela Ríos González, que contra toda circunstancia, ha dado la suspensión a García para evitar ser separado de su cargo o ser sometido a otra sanción. Esto ha sorprendido por el cambio que se ha dado en el supremo tribunal en los últimos tiempos, y el hecho de que una ministra apoye a un personaje que está exhibido por su inmoralidad. Pero hay de ministros a ministros. Yo cubrí un tiempo la Corte y pude conocer a verdaderos juristas que aplicaban su integridad al derecho. Reconozco a algunos en la Corte actual. Los anteriores ahí van.
FRENTE A LA POSTURA INTEGRA DE MINISTROS, GOBIERNO DE ZEDILLO RECULÓ
Fue un honor compartir durante seis años la labor con quien sería un gran ministro de la Suprema Corte de la Nación, Juventino V. Castro. Priísta en sus orígenes, sus posiciones fueron cambiando llevado de la mano de su amigo Rodolfo González Guevara y ambos se sumaron a la corriente democrática que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Ya había propuestas de cambio desde antes, en su libro Hacia el amparo evolucionado ( Editorial Porrúa S. A. 1971) en donde hablaba del gran rezago de la Corte de ese entonces, y por lo tanto de la justicia en México. Solía leerle la plana al también jurista Ignacio Burgoa, a quien consideraba un derechoso que con sus posturas muy aceptadas por un núcleo de juristas, mantenía ese juicio de garantías sin avances. A ambos los entrevisté muchas veces y Burgoa que se asumía un quijote -y lo demostraba con las estatuillas e imágenes que tenía del manchego en su despacho-, solía sonreír con ironía. Ambos eran unos personajes. Castro me dio la exclusiva de la resolución de la Corte de Estados Unidos en el caso Nixon y lo publicó la revista Mañana como exclusiva, en donde escribí por largos ocho años.
LA CORTE METIDA EN CASOS SIN CLARIDAD: UNO DE ELLOS AGUAS BLANCAS
Las funciones del Poder Judicial están plenamente definidas en la Constitución y leyes reglamentarias. Pero hay funciones y resoluciones que no quedan muy claras y que causan muchas dudas, resquemores y permanente exposición pública. Uno de los casos que el ministro Castro tomó en sus manos, fue el de Aguas blancas que era muy complejo, porque a partir de un artículo, el 97 constitucional que fue reformado, se le da a la Corte la posibilidad de intervenir en la investigación de delitos graves cuando hay solicitud expresa de los otros poderes, sin que la investigación sea vinculatoria. Se llevó a cabo con el caso de Aguas blancas donde murieron asesinados a mansalva 17 campesinos, por fuerzas del estado y se nombró a los ministros Juventino V. Castro y Humberto Román Palacios para hacer la investigación. Estos dieron un informe sobre el salvajismo de los asesinatos pero cuyo dictamen no tuvo eficacia porque no se aplicó por parte del poder que lo había solicitado, la presidencia de Ernesto Zedillo. Los supuestos culpables entre ellos Rubén Figueroa Alcocer, que renunció, jamas fueron llevados a la cárcel. Los puntos de vista de Castro y Román fueron desechados para proteger desde Zedillo, al cacique Figueroa.
REVUELTAS: MUERAS A ORTIZ RUBIO, EXONERADAS POR EL MINISTRO MACHORRO
Siempre me ha gustado releer la Ejecutoria número 14 del 10 de marzo de 1933, donde José Revueltas, Federico Camps Trujillo y Manuel Rodríguez son exonerados después de haberle gritado mueras y llamado fascista a Pascual Ortiz Rubio, en una manifestación comunista. Al escritor y sus coacusados, un juez que fue ratificado por un tribunal de alzada los condenó a 9 meses de cárcel, al ser señalados de ultraje y todas las variantes de la injuria, pero en una magistral argumentación que desde luego hizo el ministro Paulino Machorro Narvaéz que era experto en el tema y fue uno de los que lo dilucidó en la Constitución de 1917 cuando fue constituyente, quedaron libres. Pese a ser un documento judicial que por lo general son farragosos, en este caso es genial la forma como se va argumentando para dejar libres a los agitadores comunistas en primer lugar de los delitos de injuria, para centrarse en el presunto ultraje y llegar a la conclusión de que los manifestantes no cometieron ese delito primero porque decirle fascista y lanzarle mueras a un gobernante no es ultraje ya que no constituye una ofensa sino una reprobación al tipo de gobierno que aplica. Además de que se le dijo sin que estuviera presente. Y tampoco se puede culpar a personas que gritan y demandan por otro tipo de gobierno, porque es lo que ellos desean para su país. Es un documento que puede encontrarse reproducido en las páginas de la 198 a la 208 del libro Régimen legal de la prensa en México, de Luis Castaño (Editorial Porrúa S.A. De 1962). Paulino Machorro Narvaéz, fue soldado de la Revolución, juez, diputado constituyente, ministro de la Corte por seis años, maestro de la UNAM, periodista, escritor y líder de abogados. Murió en marzo de 1957.
