Moisés EDWIN BARREDA
Dado el teatro bufo montado por la Corte como pilar de la campaña de las oligarquías nacional y extranjeras y sus parásitos a las que sirve, es menester repetir que por decisión del Congreso constituyente de 1824, desde sus albores la República mexicana fue –y ha vuelto a serlo– democrática, representativa y popular.
Así tenemos que la República mexicana fue democrática desde el 6 de octubre de 1824 hasta el 20 de agosto de 1920, y recuperó esa condición al entrar en vigor el 16 de septiembre pasado, el decreto de reformas constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación formulado en iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, el 20 de agosto de 1920 el Diario Oficial de la Federación publicó la iniciativa de ley de reformas a 12 artículos constitucionales en materia judicial.
En las fracciones XVII y XVIII, respectivamente, del artículo 96 de la Constitución del 17 se faculta al Presidente de la República para nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF (ahora CDMX), y a la Cámara de Diputados a aprobarlos o rechazarlos, y al Presidente a nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia, y al Senado a aceptarlos o rechazarlos.
Desde entonces quedó trunca la voluntad del pueblo mexicano de ser república democrática, representativa y popular.
En el archivo jurídico de la UNAM consta que en septiembre de 1937, Lázaro Cárdenas, aún presidente electo, en reunión con la cúpula del PNR planteó que en muchos de los sitios que recorrió del país durante su campaña electoral encontró que la administración de justicia era el problema más importante que requería reforma inaplazable.
Expuso que “existe constante aspiración de justicia, sentimiento que primeramente la dictadura había menoscabado, posteriormente visto con desdén y finalmente convertido en objeto de tráfico”, como lo vemos todos actualmente.
Como candidato del PNR se comprometió a enfrentar el problema, por lo cual e inmediato elaboró iniciativa de ley de reformas en materia del Poder Judicial Federal que en ese momento les entregaba para que a su vez la presentaran al Congreso de la Unión..
Cárdenas explicó que su iniciativa de reformas a los artículos 73, 94 y 95 constitucionales proponía la creación de cuarta sala en la Corte dedicada especialmente a resolver con rapidez demandas de amparo en asuntos laborales, lo que obligaba a modificar la estructura creada por la iniciativa de reforma de 14 de agosto de 1928 ideada por álvaro obregón y promulgada por el entonces presidente plutarco elías, y agregar cinco ministros a los 16 que había.
Y decimos que la férrea y torpe oposición de la es evidente porque principalmente en Estados Unidos y Canadá se han emitido críticas a la reforma judicial porque supuestamente afectará a las empresas con inversiones en México y al comercio internacional.
En la campaña participa el gobierno de washington, que le sonríe al gobierno de la 4T mientras vía USAID patrocina ataques aportando miles de dólares al grupúsculo que pregona combatir la corrupción que la parió y acuna, creado por el “junior tóxico”, actual doméstico principal de carlos salinas de gortari.
Otra prueba son los artículos ácidos publicados por los principales medios de la prensa yanqui, incluso el reciente del bandido cínico ernesto Zedillo en el WP (waterclos), y la reciente baza –muy ridícula– de funcionaria de la ONU, olla y cernidor de washington para su política exterior, haciendo ver el inmenso peligro que la reforma judicial es para el Poder Judicial mexicano y el capitalismo y el comercio locales y externos. (Continuará).
