Necesario, que la 4T actúe sin temor a
que la tilden las jaurías local y externa
I/II
Moisés EDWIN BARREDA
Es obligado admitir que el pueblo ya no debe atenerse a las señales de lo Alto y que el régimen que impuso debe emprender cuanto sea necesario para fortalecer el Estado bienestar que edifica AMLO y continuará Claudia Sheinbaum.
Debe hacerlo, aunque lo tilden USA, sus Estados súbditos, la oligarquía doméstica y su vocinglería, de la que descuellan los lansquenetes, es decir la prensa “nacional” y sus empleados, y merolicos de radio y tv.
Al fin y al cabo sus malquerientes ya lo llaman “dictadura”, pero soslayan que actúa al revés de como lo hicieron las dictaduras, incluida la priista, impuestas por USA en América Latina.
Con ese objetivo, nunca como ahora y a despecho de la oligarquía y las transnacionales extranjeras que nos tuvieron sometidos y expoliados desde casi siempre, es más que necesario hacer valer y aplicar en la vida nacional el concepto “el poder radica en el pueblo”.
Urge hacerlo para frustrar el naciente empeño de la oligarquía y sus lansquenetes secundados por el gobierno de Washington –personero de las multinacionales–, en frustrar que se cumpla la voluntad popular manifestada en las urnas, en todos los aspectos de la vida nacional, prueba de lo cual es que tratan de entorpecer si no evitar la aprobación cameral de acciones como el Plan C, con el que se democratice el Poder Judicial y que junto con su cabeza, la Suprema Corte de Justicia, deje de ser “casta divina”; pero al servicio de la oligarquía y sus cercanos y los capitalistas de ambición desmedida, entre los que cuentan los cresos gracias a lo que hurtaron del erario.
Temen a esas acciones por radicalmente opuestas a lo que la nación padeció hasta julio de 2018 y no se quiso ver ni combatir porque nadie pudo o quiso enfrentar al poder absoluto que padecimos desde que venustiano carranza concitó a emprender la lucha dizque para restaurar la vigencia de la Constitución de 1857.
Se podría pensar que el rechazo a esas acciones lo fundamentan en que demolerán democracia, lo que es tan falso como verdadero fue el que la dictadura de grupo priísta pagaba a periodistas –a algunos los convirtió en editores–, comentaristas y caricaturistas para que lo atacaran y, así, parecer gobierno democráticos a los ojos de los ciudadanos nacionales y extranjeros.
Sería jocosísimo que la oligarquía y asociados, incluidos los mercenarios de todo género que les hacen eco, argumentaran que al desplegarse el gran poder que el pueblo dio en las urnas a la continuación de su gobierno, que encabezará Claudia Sheinbaum, “México perderá la democracia fundada en tres poderes independientes”, vil falacia asentada por cierto lansquenete de labio leporino (Continuará).
, que así
N cy los lansquenetes del grupúsculo doméstico que recurre a todo para recuperar sus privilegios y la capacidad para seguir vendiendo las riquezas nacionales.
, a desechoporque los intereses sbastrdos de la élite corrupta, que incluye a las transacionales extranjeras que recibieron contratos leoninos y concesiones más que ventajosas que en perjuicio del propio pueblo concedieron los sucesivos gobiernos dela priductadura a cambio de fortunas astronómicass para sus bolsillosmi´prque Nación atraviesa
Departamento de Estado de EU destacara también los ataques del Presidente López Obrador en contra del Poder Judicial en su Informe Anual de Derechos Humanos.
“En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos”, dijo Amrit Singh, directora del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford.
Considerado como parte de una serie de propuestas impulsadas por López Obrador para debilitar a los contrapesos del Poder Ejecutivo, el llamado “Plan C” también reduce los periodos de jueces en el cargo, equipara sus salarios a los del Poder Ejecutivo además de establecer un tribunal disciplinario judicial. El nuevo reporte del Diálogo Interamericano y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford llega sólo una semana después de que el Departamento de Estado de EU destacara también los ataques del Presidente López Obrador en contra del Poder Judicial en su Informe Anual de Derechos Humanos.
Washington DC.- La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de febrero para reformar el Poder Judicial mexicano, y conocida popularmente como el “Plan C”, significa una seria amenaza contra la independencia judicial y la democracia, concluyó un nuevo reporte que será presentado en Estados Unidos.
Publicado por el Diálogo Interamericano, el principal centro de análisis para América Latina en Washington, junto a la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, considerada la principal escuela de derecho de EU, el reporte considera además que el llamado “Plan C” es violatorio del derecho internacional.
Suscrito además por la Barra Mexicana – Colegio de Abogados, el reporte analiza con detalle la propuesta presentada el 5 de febrero por López Obrador y que incluye entre otras cosas la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia así como la de jueces y magistrados federales.
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“En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, las y los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos”, dijo Amrit Singh, directora del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford.
“Al politizar el Poder Judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”.
Considerado como parte de una serie de propuestas impulsadas por López Obrador para debilitar a los contrapesos del Poder Ejecutivo, el llamado “Plan C” también reduce los periodos de jueces en el cargo, equipara sus salarios a los del Poder Ejecutivo además de establecer un tribunal disciplinario judicial.
El nuevo reporte del Diálogo Interamericano y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford llega sólo una semana después de que el Departamento de Estado de EU destacara también los ataques del Presidente López Obrador en contra del Poder Judicial en su Informe Anual de Derechos Humanos.
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Destacando la actual temporada electoral en México, el nuevo reporte del Diálogo Interamericano y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford advierte por el apoyo que la candidata presidencial del Partido Morena Claudia Sheinbaum ha dado en meses recientes a medidas contenidas en el “Plan C”.
“Mientras las y los mexicanos se dirigen a las urnas es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de Derecho esté en el centro de cualquier debate público sobre el futuro de México”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.
En el reporte, los investigadores hacen un repaso de los muy pocos países que someten al sufragio la elección de jueces, y en particular se señala que en Bolivia y EU estas han comprometido claramente la independencia y la imparcialidad judicial, en lo que consideran debe ser una advertencia para México.
“Las iniciativas de reforma constitucional presentadas… buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el País, en perjuicio de los derechos humanos de todas las y los mexicanos. Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado”, dijo Víctor Oléa presidente de la Barra Mexicana – Colegio de Abogados.
