CHETUMAL, QUINTANA ROO, 18 de junio (AlmomentoMX).- .- Quien fuera uno de los hombres más poderosos de Quintana Roo y uno de los cerebros del saqueo del estado, Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cumple 8 meses de estar prófugo y a salto de mata en diversas ciudades de la República Mexicana.
De hecho, se rumora que está en la Ciudad de México donde se ha entrevistado en varias ocasiones con el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Social) en Quintana Roo, Fabián Enrique Vallado Fernández, quien ahora reside en dicha metrópoli.
Al cumplirse ocho meses desde que un Juez de lo Penal emitiera una orden de aprensión en su contra, las autoridades locales no han podido dar con su paradero, y por consiguiente, su detención se sigue alargando.
Se presume que el ex funcionario estatal radica con mayor frecuencia en la Ciudad de México: la ciudad de Mérida y el municipio de Ucú, Yucatán -que “compró” casi en su totalidad con el dinero del erario público-; y Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Como se recordará, la Fiscalía de Quintana Roo continúa la búsqueda del ex funcionario, luego que el 18 de noviembre de 2018 un Juez obsequiara la orden de aprehensión.
Quien fuese el secretario más “poderoso” en el tristemente célebre sexenio borgista, cuenta con al menos siete denuncias penales interpuestas, en su oportunidad, por la Secretaría de la Contraloría y por la Auditoría Superior del estado de Quintana Roo.
En tres de esas denuncias es señalado directamente por un presunto daño al patrimonio por tres mil 262 millones de pesos. Las otras cuatro denuncias serían por coparticipación en los casos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y otras más.
Como se recordará el 18 de septiembre de 2016, el Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal resolvió sobreseer el juicio de garantías promovido por el funcionario, luego de varias exposiciones de diversos sectores de Quintana Roo, entre ellas, las pruebas expuestas públicamente por Sol Quintana Roo.
En ese mismo año, el Congreso de Quintana Roo realizó el primer “show” y hasta pidió Juicio Político en su contra. Guillermo Molina estuvo protegido por algunos funcionarios del cambio, tan es así, que nada más salieron y ya fue resuelta su orden de aprehensión.
EL DESVÍO DE GUILLERMO MOLINA
Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de trapacerías a nuestra Entidad, del universo de casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros tan sólo entre 2015 y 2016, a él en particular se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero podría superar los 16 mil millones de pesos, pero en instancia de gobierno se habla de que el quebranto podría rozar los 30 mil millones de pesos.
Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los mil 500 millones de pesos desviados atribuidos solamente a Juan Pablo se podrían edificar casi tres hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno.
TODO UN NOVATO
El único puesto gubernamental que antes ocupó fue el de director de finanzas del municipio de Solidaridad en el trienio (2008-2011) del alcalde Román Quián (otro prófugo de la justicia) y de ahí pegó el salto a “grandes ligas” al arribar a la gubernatura Roberto Borge Angulo.
De abril de 2013 a marzo de 2015 fungió como titular de la Secretaría de finanzas y Planeación del Gobierno del estado (Sefiplan), antes Secretaría de Hacienda, ya que pidió licencia por “motivos personales”, aunque en realidad su ausencia del cargo fue para buscar la alcaldía del municipio de Solidaridad para blindarse de los embates legales que se veían venir en contra suya a través del fuero, sin éxito alguno. Luego se reincorporó al gabinete estatal en agosto de ese último año hasta el final del mandato borgista en 2016.
Por tales acciones, Juan Pablo Guillermo Molina solicitó un amparo en enero pasado. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, luego de revisar la sentencia de amparo del ex secretario de Sefiplan, confirmó que no procede la medida.
La resolución deja subsistente la orden de aprensión en contra del ex funcionario de acuerdo con la carpeta de investigación 143/2018 integrada por la investigación del caso VIP SAESA.
Podría ser detenido en cualquier momento, después de que se resolviera el amparo 115/2018 que promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito, el cual también le fue negado.
AM.MX/fm
