CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero (AlMomentoMX).- Con 107 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó la reforma a la Ley General de Educación, la cual agiliza los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, beneficiando a refugiados, asilados, a migrantes internos que deseen obtener su equivalencia de estudios.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados que tendrá 30 días naturales para aprobar la iniciativa preferente del Ejecutivo, para completar con el proceso legislativo.
La reforma se aprobó, luego de un amplio debate en el que legisladores repudiaron las acciones del gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes mexicanos, al comparar sus acciones con las del nazismo.
El panista y presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, destacó la importancia de eliminar los trámites que permitirán a los estudiantes en “tránsito” revalidar sus estudios en cualquier momento.
Resaltó que se garantiza a toda persona que habita en el país a que tenga las mismas posibilidades de tránsito y movilidad, esta es la gran apertura.
“Ojalá sea el primer paso para atender a los jóvenes que son excluidos del sistema educativo”, recalcó Mario Delgado, integrante de la bancada perredista.
En su turno, el priista y secretario de la Comisión de Educación, Daniel Amador, manifestó que está reforma esta dirigida a aquellos que se sienten amenazados por esa condición en la que se vive en Estados Unidos debido a la era Trump, los llamados ‘dreamers’, porque están sujetos a un gobierno que actúa como en su momento lo hicieron los nazis y su Gestapo.
Resaltó que es una iniciativa ante la avalancha de acciones de Donald Trump, que sin duda ha despertado un ánimo de defensa de la patria más allá de las fobias, de las filias, de protagonismos políticos.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, el único que votó en contra, expuso que el Estado mexicano pierde facultades, ya que “pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación implica ir más allá del Artículo 3 Constitucional en detrimento de las funciones públicas”.
De acuerdo con la reforma, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para establecer mejores formas de control escolar, para diferentes momentos, inscripción, promoción, regularización, acreditación, certificación.
“Probablemente la contribución más sustantiva es que la SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países”.
La SEP podrá autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial o retirarlos si hay un mal uso, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con facultad expresa para otorgar revalidaciones parciales.
A decir de Romero Hicks, se faculta a la autoridad educativa a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter socioeconómico, de identidad cultural, de origen étnico nacional, situación migratoria, entre otras.
Además, se obliga a la autoridad federal y local a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos. Esto es un gran logro, no se le pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción, toda esta “tramitología” que tenía tiempos de respuesta sumamente lentos.
También, se establece que la autoridad educativa pueda otorgar reconocimientos de revalidación y equivalencias y para eso van a simplificar al máximo para hacer los trámites de manera sencilla y rápida, con celeridad, imparcialidad, flexibilidad, asequibilidad.
La reforma prevé que el marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año a partir de la vigencia. Una vez promulgada la ley, la SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del acuerdo secretarial 286.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, recordó que este ajuste a la Ley de Educación recoge propuestas e iniciativas de la sociedad civil, de los legisladores y de los propios ‘dreamers’ en riesgo de ser repatriados.
AM.MX/dsc
