Federico Berrueto
El presidente López Obrador tenía todo preparado para dar el campanazo y un intento de jaque mate a la oposición. Se trataba de presentar este lunes 5 de febrero once iniciativas de reforma constitucional, cuyo objetivo no era modificar la Constitución; era una trampa que consistía en asignar costos a la oposición por el previsible rechazo a lo que él de antemano sabía no se aprobaría: el sistema de pensiones para que los trabajadores se jubilaran con 100% de su último salario.
La oposición leyó bien la intención presidencial; cada uno por su cuenta, primero en el PRI, decidieron tomarle la palabra al presidente y decirle que sí iban con esa reforma, no con las que afectaran al sistema democrático o de rendición de cuentas, como la eliminación de los órganos autónomos. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, fue más claro poniendo al descubierto la trampa e insistir en la agenda temática de la oposición no la del presidente y todavía más contundente resultó Xóchitl Gálvez, quien llamó a empezar a la brevedad con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, de los gobiernos de las entidades y municipios y del mismo Senado de la República, que utiliza de manera generalizada el llamado outsourcing.
La alteración del entorno no ha sido por la respuesta de la oposición, ocurre por el impacto negativo mediático sobre la investigación del Departamento de Justicia realizada en 2010, acerca del financiamiento de la campaña presidencial de AMLO en 2006. Apenas si concluye el escándalo que involucra a los hijos del presidente en el tráfico de influencia, cuando desde tres fuentes diferentes de investigación periodística se exponen datos sobre dichas indagatorias, por cierto, cancelada por haber transcurrido cinco años de los hechos sin llegar a contar con elementos de prueba concluyentes para proceder judicialmente.
El presidente ha tenido que salir pública e inevitablemente la información negativa continuará este lunes, día en el que se hará público el contenido de las iniciativas. No será difícil para la oposición no caer en la trampa que les ha puesto el presidente. Simplemente, como ha hecho Xóchitl Gálvez, pedir al presidente, en bien del país, que presente una acción legal contra los periodistas aludidos, calificados por el mandatario como corruptos mercenarios. Ya antes había anunciado que procedería contra el abogado de García Luna.
Buena parte de los comentaristas con influencia han expresado sus reservas, a pesar de las sólidas credenciales de los periodistas aludidos y la impecable reputación de los espacios en los que colaboran que, difícilmente darían luz verde a una colaboración que pudiera ocasionar una acción legal con un desenlace judicial adverso. Eso no quiere decir que se tenga la convicción de que López Obrador conocía del financiamiento, pero sí es cierto que se trata de una investigación periodística que resiste la prueba del ácido.
López Obrador insulta a los periodistas, pero su reclamo lo dirige al gobierno norteamericano y al Departamento de Estado. Es un error triple. Primero, la investigación la realizó la DEA y el Departamento de Justicia, no el de Estado. Segundo, las agencias tienen agenda propia, de haber una conspiración para afectarlo sería de la DEA, cuyos mandos medios son claramente afines a Trump. Por cierto, dicha investigación se hizo cuando Obama era presidente y es a todas luces inconveniente para el gobierno Joe Biden provocar al irascible presidente mexicano. Tercero, los periodistas aprovechan, como en todo el mundo, las filtraciones, pero los tres casos revelan que son investigaciones detalladas y distintas, aunque con coincidencias relevantes porque una fuente importante, al parecer, proviene de la DEA.
Lo cierto es que la polémica sobre el supuesto financiamiento por el crimen organizado de la campaña de López Obrador en 2006 continuará al menos por algún tiempo, suficiente para complicar el entorno en el que se discutirían sus iniciativas de reforma.
Los tres medios, competidores entre sí, han salido a defender sus respectivos trabajos. Por el momento sin nueva información, pero en el imaginario popular persiste la contraprestación de los criminales, ni nada más ni nada menos que abrazos y no balazos, lo que recrea la sospecha en la maledicencia popular, aguas en las que al presidente la da mucho por navegar. No importa tanto la realidad, sino lo creíble a partir del prejuicio popular.
