A casi dos años de su nombramiento, en septiembre de 2018, Santiago Nieto Castillo busca ampliar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera para ir en contra de grupos delincuenciales y políticos corruptos. A través del bloqueo de cuentas, denuncias, y su incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción junto con otras dependencia de gobierno como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, le han permitido identificar redes de corrupción política.
En un informe presentado a finales de 2019, Santiago Nieto destacó que su administración ha seguido cinco líneas de acción encomendados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo estas: corrupción de funcionarios, la trata y tráfico de personas, empresas fantasma y factureras, robo de combustible y el combate al narcotráfico; además de investigaciones de alto perfil que le han permitido bloquear más de 6 mil millones de pesos. Entre los investigados se encuentra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, Odebrecht, Rosario Robles, Juan Collado y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
A Santiago Nieto se le encomendó en 2018 atender tres de los aspectos principales que según el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa son clave en cualquier sistema democrático: el combate a la corrupción, el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita. En uno de sus informes de resultados, Nieto afirmó que la Cuarta Transformación terminará con la corrupción, origen de la desigualdad social y económica que golpea a México, además de la violencia e inseguridad.
En lo que resta del sexenio, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que irá hasta las últimas consecuencias ampliando los grandes resultados que ha dado su oficina. Cabe destacar que durante 2019 la UIF recuperó más de 4 mil millones de pesos y 51 millones de dólares a través del bloqueo de 12 mil cuentas de empresas y personas; 411% más que el año anterior. Recientemente, Santiago Nieto anunció ir en contra de 43 empresas factureras, con lo cual se busca reparar el daño al fisco que ha causado la pérdida de 55,125 millones de pesos en recaudación a través de la compra/venta de comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes.
