Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México consolidó un paso decisivo en la estructura de fiscalización local durante su Sesión Ordinaria dominical. A través de un consenso unánime en el Pleno, los legisladores ratificaron el nombramiento de Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez como la nueva Titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Tras la votación, la funcionaria rindió la protesta de ley correspondiente para asumir de inmediato sus funciones enfocadas en la transparencia institucional.
Comisiones unidas avalan el perfil de la nueva titular tras evaluar nueve propuestas
El sustento del dictamen corrió a cargo del diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, quien habló en representación de las Comisiones Unidas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, junto a la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior. Este esfuerzo conjunto no solo abarcó la definición para el OIC de la Fiscalía, sino también el proceso conducente para la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM).
De acuerdo con el legislador que encabeza la primera de estas instancias, la designación de Zúñiga Rodríguez no fue fortuita, sino el resultado de un esquema riguroso que incluyó entrevistas directas, calificaciones detalladas y evaluaciones profundas. La ahora titular del OIC compitió en un proceso abierto frente a otros ocho postulantes, sumando un total de nueve aspirantes que buscaron encabezar este órgano fiscalizador.
Romo de Vivar Guerra defendió la legalidad del proceso argumentando que, bajo el amparo de la Constitución Política capitalina y la Ley Anticorrupción local, el Congreso tiene la facultad explícita de realizar estos nombramientos mediante convocatorias públicas abiertas. Frente a los cuestionamientos de la oposición durante la sesión, el diputado de MORENA fue tajante al señalar en tribuna: “No es ningún atropello; se siguió el procedimiento. No hay que exagerar; no hay que malinformar, y hay que actuar con prudencia”.
Debate legislativo en tribuna expone posturas encontradas sobre la legalidad del proceso
La aprobación del dictamen desató una intensa deliberación parlamentaria en la que se confrontaron visiones sobre la interpretación de las normas locales. En el bloque defenssor, además de Romo, participaron los diputados Gerardo Villanueva Albarrán y Xóchitl Bravo Espinosa. Por el lado de los cuestionamientos, las posturas en contra fueron fijadas por Andrés Atayde Rubiolo, Ricardo Rubio Torres y Royfid Torres González.
El congresista Gerardo Villanueva, miembro de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), respaldó el marco legal utilizado al recordar que la Carta Magna de la ciudad alinea estos nombramientos con el Sistema Local Anticorrupción. Explicó que, ante cualquier aparente contradicción entre leyes, la Ley Anticorrupción de la CDMX funciona como la norma especializada que debe prevalecer y guiar las acciones del Legislativo.
En sintonía, la legisladora morenista Xóchitl Bravo Espinosa recordó que los términos y condiciones de la convocatoria original contaron con el aval plural de las fuerzas políticas que integran ambas comisiones. Bravo enfatizó que el procedimiento posee plena legitimidad institucional, ya que se ejecutó en estricto apego al Acuerdo formalizado previamente al interior de los grupos de trabajo parlamentarios.
Oposición cuestiona el dictamen por supuestas omisiones a la Ley Orgánica del Congreso
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y la representación de Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron sus reservas argumentando fallas de origen en el procedimiento. El panista Andrés Atayde Rubiolo centró su reclamo en el Artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asegurando que dicha norma exige presentar una terna de candidatos ante el Pleno para la votación de los titulares de los OIC, un requisito que, según su perspectiva, se omitió en este caso.
A este argumento se sumó su compañero de partido, Ricardo Rubio Torres, quien debatió la jerarquía jurídica aplicada en el dictamen. Rubio sostuvo que la Ley del Sistema Anticorrupción carece de un principio de especialidad que la coloque por encima de una ley de corte constitucional; asimismo, apuntó que la norma reguladora idónea tendría que ser la Ley Orgánica de la propia FGJCDMX, la cual delega la responsabilidad final de regreso a la Ley Orgánica del Congreso local.
Finalmente, el diputado Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, cerró el bloque opositor afirmando de manera categórica que el dictamen aprobado carecía de fundamentación legal sólida. El legislador argumentó que el proceso no llegó a buen puerto en materia normativa debido a que se ignoraron los lineamientos explícitos que dicta la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para este tipo de designaciones.
AM.MX/CV
