CIUDAD DE MÉXICO.— Con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano para el bienestar de los mexicanos, la senadora Alejandra León Gastélum, del Partido del Trabajo (PT), propuso ampliar el catálogo de delitos ambientales y sancionar hasta con 4 años de prisión y tres mil días de multa las conductas que atenten contra el ecosistema.
Al presentar una iniciativa que reforma el artículo 420 quater del Código Penal Federal, la legisladora detalló que el objetivo es sancionar a quien realice por sí o a través de terceros cualquier tipo de obras de infraestructura sin contar con las autorizaciones, permisos, manifestaciones de impacto ambiental, licencias o estudios previos necesarios que sean requeridos.
La senadora @ALEJANLEON propuso ampliar el catálogo de delitos ambientales y sancionar con 4 años de prisión y tres mil días de multa conductas que atenten contra el ecosistema y a quienes inicien la construcción de obra sin contar con permisos correspondientes.#MedioAmbiente pic.twitter.com/vooGf0OKnI
— Partido del Trabajo en el Senado (@PtSenado) February 6, 2020
En tribuna, León Gastélum enfatizó que actualmente en el Código Penal Federal, en su título vigésimo quinto, correspondiente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, no se encuentra una sanción clara o explícita contra quien realice el acto anteriormente señalado, lo que permite que se pagen multas relativamente menores que puede resultar insuficiente para la reparación de daños al ambiente.
Desde el 2012, la Constitución reconoce, en su Artículo 4º, el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de las personas. Desde entonces se cuenta con un marco normativo complementario como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, el Código Penal Federal, diversas Normas Oficiales Mexicanas y otros cuerpos normativos en materia medioambiental.
Sin embargo, apuntó la senadora, “este marco jurídico no debe de considerarse acabado, sino debe de seguirse ampliando y fortaleciéndose cuanto sea necesario. Sobre todo, si consideramos que la procuración e impartición de justicia medioambiental es uno de los asuntos en los que el Estado mexicano se ha visto incapaz de cumplir sus objetivos”.
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Resaltó que un delito ambiental es un delito contra el bien común, la salud de las personas y la vida de otras especies; incluso contra la estabilidad económica y social de una región. Por lo que resulta necesario endurecerse las penas impuestas a quienes cometan conductas que pongan en peligro el equilibrio ecológico, sustentabilidad de nuestros ecosistemas y recursos naturales.
Finalmente, afirmó que es una obligación moral hacer todo lo posible para que las injusticias y la imprudencia no consuman nuestras esperanzas mañana y para que las próximas generaciones no sean las que paguen por nuestros errores.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
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AM.MX/dsc
