CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de responder por presuntos delitos de índole sexual, deberá hacerlo por corrupción, delincuencia organizada y violación a los derechos humanos, así lo afirmó el colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM).
A través del abogado Mauricio Santiago Eder, el centro de derechos humanos aplaudió que las autoridades del circuito judicial ordenaran el arresto inmediato de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, para que responda por acusaciones de índole sexual en contra de una de las integrantes de la comunidad politécnica.
“Aplaudimos que un juez haya ordenado que el funcionario federal sea presentado de manera inmediata en el reclusorio norte, como parte de la carpeta judicial 005/221/2021, sin embargo, es necesario que la autoridad federal haga lo mismo por la presunción de delitos de orden federal y en contra de los derechos humanos.
“La orden de aprehensión sólo es por el presunto delito en contra de la intimidad sexual agravado, donde la víctima es una persona que integra la comunidad politécnica; sin embargo, hemos solicitado que avance un amparo para que Ruiz Víquez Cuevas responda por las otras acusaciones”, dijo.
El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que según constan en diferentes carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) Carlos Ruiz Víquez Cuevas lidera un grupo al interior del centro de estudios con los que se ha beneficiado de manera económica con la aprobación de diversos contratos.
Prueba de ello, es la acusación -de la que ya tiene vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)- sobre la violación a los derechos de alumnos, académicos, investigadores, al quedar vulnerados con la posibilidad de acceder a servicios como el internet y conexión digital.
El centro de JTM ha solicitado la intervención inmediata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través del ministro que preside el pleno, Arturo Zaldívar Lelo Larrea, para que a la brevedad proceda un juicio de amparo en contra de él (Víquez Cuevas) y otros funcionarios por delitos de corrupción, asociación delictuosa y violación a derechos humanos.
El litigante Santiago Eder subrayó que las carpetas ministeriales señalan una compra simulada, donde autoridades de esta institución, entre ellas, Ruiz Víquez Cuevas, han desviado 9 millones de pesos del erario en contra de empresas del sector tecnológico que realizan estas operaciones de conexión digital en México y en el mundo.
Santiago Eder solicitó al titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, “hacerse responsable por los delitos de sus subalternos y manifestarse a favor de la comunidad politécnica, de lo contrario, ante su persistente silencio, hace pensar que él está inmiscuido -por acción u omisión- por los atropellos en contra de la comunidad.
El juicio de amparo en mención es el que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el pasado 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia.
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