TEPIC, NAYARIT.-El entonces gobernador, Roberto Sandoval, quería hacer ganar a sus candidatos priistas distribuyendo millones de pesos, principalmente a Roy Gómez, aspirante a la alcaldía de Tepic en 2014, pero perdió.
“El día que entreguen, si les toca entregar abril y mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del PRI. Al otro día, sin producto para que no los vayan a estar grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto para el PRI.”
De acuerdo con La Opinión de México, lo anterior sería parte de un audio ventilado en el 2017 con voz del entonces gobernador de Nayarit, lo que confirmaba el uso de recursos a través del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) para la campaña del Partido Revolucionario Institucional, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
En su momento, el Gobierno del Estado a través del secretario General de Gobierno, Jorge Armando Gómez Arias, intentó frenar la investigación mediante un juicio de amparo, pero no lo consiguió.
Tiempo después, el asunto fue remitido por incompetencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y sería éste el que generó la segunda causa penal por la que Sandoval Castañeda es llevado a juicio.
Aunque las investigaciones contra el ex gobernador se desglosan por diversos hechos, parecieran uno solo: sin límite el presunto mal uso de recursos públicos, el enriquecimiento.
Y las sorpresas son mayúsculas.
Un dato:
Durante el mes de junio del 2014, varios funcionarios recibieron cerca de siete millones de pesos en efectivo, cobrados en banco.
Había prisa. Una fecha estaba a la vista: la elección intermedia del seis de julio en que se eligieron presidentes municipales, diputados locales, regidores, por lo que el dinero debía circular para asegurar votos. El gobernador quería hacer ganar a sus candidatos priístas, principalmente a Roy Gómez, aspirante a la alcaldía de Tepic, pero perdió.
En aquel momento se habría argumentado que, precisamente por la veda electoral estaban suspendidos los créditos a pequeños comerciantes a través de tiendas PROSA, pero ello no fue impedimento: el dinero tenía que llegar, con el añadido de que debía decírsele a las personas que si el PRI ganaba habría más.
En el municipio de Tepic y algunos otros supuestamente se distribuyó ese dinero, pero tampoco se descarta que, en la rebatinga, una parte haya quedado en los bolsos de funcionarios. Y es que se sabe de un desorden para poder acreditar que el dinero fue entregado, porque hay falsedad de actas y firmas.
Hubo personas que recibieron dinero no como crédito, sino como si fuera un regalo del gobernador.
Probado el cobro de millones por parte de funcionarios, para nada se descarta que haya más de estas operaciones ilícitas.
Restará entonces iniciar juicio por una tercera causa penal respecto al delito de falsificación de documentos, a propósito de 58 hectáreas ubicadas en Aután, municipio de San Blas, asunto por el que el Juzgado Mixto de esa cabecera ya habría dictado sentencia para que Sandoval haga entrega de las mismas.
En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito y que tiene relación con el aseguramiento de varios inmuebles, continuaría bajo investigación puesto que un Juzgado de Distrito concedió una suspensión definitiva para que no se judicialice mientras no resuelva el fondo
Varios involucrados
El domingo seis de junio, luego de su aprehensión en el estado de Nuevo León, antes de ser presentado ante un juez federal en Tepic, Roberto Sandoval -y su hija Lidy- fue valorado por un médico en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para entonces ya se conocían fotografías del que parecía otro Sandoval: delgado, canoso.
Quizás el 80 por ciento de su cabello es blanco, lo que indica que, en el encierro en un rancho de Linares, en el norte del país, le era imposible pintárselo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó los delitos de ejercicio indebido de funciones, y peculado, cometidos en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES). El daño al erario público oscila en 83 millones de pesos.
En síntesis, se presume que por órdenes de Roberto existió un desvío de recursos públicos, se pasaba por alto a un comité técnico, los créditos se daban a quien se quería y por montos fuera de la norma, además de que en la campaña del 2014 y para favorecer a candidatos del PRI se entregó dinero en efectivo a través del programa PROSA. Igualmente, habría existido una alteración de actas para intentar borrar evidencias de las sucias operaciones.
La investigación respecto a FIRCAES habría iniciado oficialmente en el 2018, después de que se llevó a juicio el caso FONAY -Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit.
Hay una coincidencia de formas y de individuos involucrados.
Es decir, el caso FIRCAES implicaría no solamente al personaje central Roberto Sandoval, sino a quienes acataron sus instrucciones, y entre los que estarían ex altos funcionarios del organismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Se estima que decenas de personas, entre ex funcionarios y quienes tuvieron acceso a crédito, han rendido declaración sobre los hechos.
Aquí cabe añadir un aspecto importante: el ex gobernador no sería el único imputado, sino también varios ex funcionarios. Ello haría suponer que en las próximas semanas podrían ser llamados a juicio mediante citatorio, no detenidos, y solicitarse la vinculación a proceso con un fin mayor: que, en el futuro, dependiendo del cauce que tome el asunto, ofrecerles un criterio de oportunidad para, de ser necesario, declaren contra Sandoval en su presencia.
Hay que recordar que el sistema oral concede beneficios a quienes facilitan una investigación; los coimputados estarían en esa circunstancia.
La investigación incluiría reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre movimientos de cuentas bancarias de FIRCAES y de cómo millonarios recursos habrían sido transferidos a funcionarios para ser cobrados, precisamente en la campaña electoral del 2014.
La situación de esos ex funcionarios, cuya identidad no ha sido revelada, cobra mayor importancia porque coincidirían que la orden provenía del titular del Poder Ejecutivo.
Se deduce que hay mensajes de texto que confirman que el entonces gobernador apresuraba las operaciones.
Asesorado por defensores particulares, Roberto Sandoval se ha reservado el derecho de declarar.
La audiencia programada a las 11 de la mañana de este viernes, finalizó pasadas las seis de la tarde: un juez de control vinculó a proceso al ex gobernador por el delito de ejercicio indebido de funciones, no por peculado.
De igual forma, se concedió un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, tiempo en el que Sandoval seguirá en prisión preventiva, recluido en la cárcel federal El Rincón.
AM.MX/fm
