CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre (AlmomentoMX/SemMéxico).- El Proyecto del Presupuesto del Gobierno Federal para el Ejercicio 2020 enviado a la Cámara de Diputados representa un retroceso para el ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de salud materna, sexual y reproductiva y el derecho una vida libre de violencias, atención a cáncer y afecta la progresividad que ya se había ganado.
De acuerdo con Elda Montiel de SemMéxico, el análisis realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar señala que el recorte presupuestal del 24 % a los programas de salud de las mujeres y del 11% al destinado a la implementación de las Alertas de Violencia de Género afectan a 19 acciones de salud, principalmente los dedicados a tratamientos de diversos tipos de cáncer, y dos acciones para erradicar la violencia, por lo que proponen como política pública revertir dichos recursos.
En opinión de legisladoras como Guadalupe Almaguer no hay presupuesto para las mujeres, ya que en el Anexo 13 se incluyeron subsidios de otros programas que no tienen que ver con la igualdad de las mujeres. “Yo puedo inmolarme, dijo, pero se requiere que las diputadas de Morena dejen la simulación y convenzan al presidente de asignar más recursos, porque al final de cuentas es él quien decide”.
A pesar del recorte presupuestal en salud del 24% la diputada morenista Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, considera que el PEF 2020 fortalece los programas prioritarios para la atención de las mujeres en salud, prevención de violencia, igualdad sustantiva y mujeres rurales.
También dijo que se están reuniendo con distintas dependencias del Ejecutivo para que los programas contenidos en el Anexo 13 tengan transversal la perspectiva de género.
De las 19 acciones de los programas de salud materna los que más reducción presupuestaria presentan hasta del 100% fue el de “Reforzar las acciones de investigación en salud mental con perspectiva de género” y con 71% “Adquirir reactivos para diagnóstico del cáncer en la mujer”.
Con una reducción del 29% se encuentran los servicios de detección, diagnóstico, tratamiento y control para disminuir la tasa de mortalidad del cáncer de mama, y con una reducción del 21% el programa del cáncer de pulmón, y con la disminución del 18% el programa integral para la atención del cáncer cervicouterino localmente avanzado y metastásico.
Con una reducción del 15% el Programa de acceso, atención, promoción y difusión e investigación del cáncer de ovario. Y con una reducción del 5% la atención de pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio, y con 3% la provisión de servicios para la promoción, detección, diagnóstico tratamiento y control del cáncer cérvico uterino.
Para la acción de planificación familiar y anticonceptivos que muestra una reducción del 35%, lo que es preocupante en el actual contexto de aumento de embarazos entre adolescentes, señala el análisis de Fundar.
Cecilia Toledo Escobar preciso que el Anexo 13 no significa bolsas de dinero extra al presupuesto, sino permite identificar las asignaciones destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, o acciones que promuevan la erradicación de la violencia etiquetadas en las distintas secretarías. Lo que calificó de un triunfo de organizaciones sociales, de derechos humanos y legisladoras.
En el Anexo 13 se incluyeron subsidios de otros programas.
Destacó que hay un incremento del 47% en el PEF 2020 con respecto al del 2019, debido a la inclusión de programas que no necesariamente coadyuvan a la igualdad entre mujeres y hombres, pues se incluyeron los programas de transferencias de recursos o subsidios como el de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que destina 37,957 millones de pesos.
En contraste, las acciones destinadas a los programas que promueven actividades sustantivas para la igualdad y la erradicación de la violencia, como el P020” Programa de Salud Materna, sexual y reproductiva”, y el E015 “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” equivalen al 2% (2 mil 85 millones de pesos).
En el PPEF 2020, se plantea una reducción de -24% al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva al pasar de 2 mil 384 millones de pesos en 2019 a 1 mil 818 millones en este año.
Lo que más preocupa a Fundar es la disminución del 27% a la Acción 141: “Disminuir la mortalidad materna y del recién nacido, identificando riesgos y daños en la salud perinatal y de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio”, ya que registra en un año del 2019 al 2020, una disminución del 26%, equivalente a la que tuvo entre el 2013 y el 2018.
Además, las disminuciones presupuestales hacia salud materna son uno de los tantos obstáculos para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la comunidad internacional, incluido México, de reducir la tasa de mortalidad materna en nuestro país previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Emergencia feminicida
Ante la emergencia feminicida que viven 18 estados del país y los 295 municipios, se requiere revertir el recorte presupuestario del 11 % al pasar, de $123,594,364 en 2019 a 110,188,312, que tendrán las acciones para implementar las Alertas de Violencia de Género.
Al respecto la diputada Lorena Villavicencio de la Subcomisión Legislativa para la Atención de los Feminicidios y Violencia contra las Mujeres señaló que harán un pronunciamiento fuerte respecto a las acciones que tienen que ver con la erradicación de la violencia, que son las AVGs y los refugios.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia prevé el establecimiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. De 2015 a la fecha se han presentado 27 solicitudes de alerta en las entidades federativas del país, lo que representa el 84% del territorio nacional. Sin embargo, solo se ha declarado en 18 estados.
La instancia encargada de emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género es la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). Una vez que se declara la AVG las entidades y los municipios deben implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, necesarias que se financian con recursos federales, estatales y municipales.
En el PEF 2019, el total asignado al Programa E015 “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” es de 268,262 millones de pesos y se propone que para el PPEF 2020, se asignen $267, 632, con una disminución marginal del 0.2%.
Respecto a el Subsidio para refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, el PPEF 2020 plantea un incremento de 1.32% para 2020 al pasar de 356. 8 millones en 2019 a 361.5 millones para el 2020, que en términos absolutos representa una diferencia de 4.6 millones de pesos, que se requiere garantizar que los refugios accedan efectivamente a estos recursos. Sin embargo, indicó, que es muy difícil darle seguimiento, ya que no hay transparencia en el destino que se da a los recursos por parte de los órganos ejecutores.
Cerca del 90% de los recursos que financia la operación de los refugios –tanto de organizaciones de la sociedad civil como gubernamentales– proviene de la Secretaria de Salud, instancia que encabeza el modelo de atención previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que trabaja en coordinación con los refugios para atender las violencias contra las mujeres.
Al respecto citan los datos de la Red Nacional de Refugios (RNR) que, en el año del 2015, a través de 44 refugios, atendió durante los últimos 5 años a más de 7,000 mujeres y 11,000 menores de edad, contribuyendo a minimizar las secuelas de la violencia. En el actual contexto de AVGs, estas cifras pueden aumentar, y en algunos casos puede resultar insuficiente.
Fundar considera que el presupuesto público es la herramienta de política pública más importante con que cuenta un gobierno para garantizar los derechos humanos. Cualquier propuesta de política pública que no esté reflejada o incluida en dicho instrumento es demagogia ya que no se trata de un tema prioritario en la agenda del gobierno y ante la falta de recursos, no puede ser instrumentada.
Da seguimiento a la asignación y ejercicio de los recursos públicos en el actual contexto de la llamada política de austeridad republicana del estado, desde un enfoque de derechos humanos. La premisa es analizar si el PPEF 2020 garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas, en específico de las niñas, adolescentes y las mujeres que vivimos una situación de generalizada de violencias, y si el presupuesto garantiza el funcionamiento efectivo de los mecanismos que existen para ello.
AM.MX/fm
