CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revocar el acuerdo del Comité Evaluador del Poder Judicial de la Federación (PJF), que mantiene suspendidas sus actividades. La decisión surge a raíz de una orden judicial previa que pausó el proceso de selección de candidatos para juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros programado para el 1 de junio.
Con esta resolución, la SCJN reafirma su posición frente a la complejidad del caso, lo que podría impactar la capacidad del PJF de cumplir con el plazo del 7 de febrero para entregar la lista de candidatos al Senado.
El Comité Evaluador del PJF es una instancia técnica y operativa encargada de garantizar la transparencia y calidad en la selección de los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, la suspensión de sus actividades afecta directamente el proceso electoral interno y podría generar retrasos significativos en la designación de cargos clave.
En la sesión privada donde se discutió el caso, la ministra Yasmín Esquivel compartió en redes sociales los resultados de la votación:
A favor de la suspensión: Seis ministros, incluyendo figuras clave como Loretta Ortiz y Lenia Batres.
En contra: El ministro Juan Luis González Alcántara y otros tres integrantes del Pleno.
Este desenlace refleja la división de opiniones dentro de la Corte, que deberá manejar cuidadosamente las consecuencias de su decisión.
La suspensión no solo afecta al PJF, sino que también genera incertidumbre en el ámbito legislativo y político. Si el Senado no recibe la lista de candidatos en el plazo estipulado, podría abrirse un debate sobre la capacidad operativa y la independencia de las instituciones judiciales.
Además, el caso pone en el centro de atención a figuras como la ministra Esquivel, quien ha sido activa en la defensa de la decisión del Pleno, argumentando que se respetan los principios de legalidad e imparcialidad.
La incertidumbre persiste. Aunque el PJF ha acatado la suspensión ordenada por un juez, la presión para encontrar una solución viable antes del 7 de febrero aumenta. De no cumplirse el plazo, podrían generarse tensiones adicionales entre los poderes Legislativo y Judicial.
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