CIUDAD DE MÉXICO,28 de marzo (AlmomrentoMX).- Ante el creciente acceso ilegal a las armas de fuego, que a la postre son utilizadas para la comisión de delitos, la diputada en la Asamblea Legislativa, Aleida Alavez Ruiz, presentó una Iniciativa de Iniciativas para reformar el artículo 19 Constitucional relativo a los casos en los que se aplica al acusado la presión preventiva.
En Tribuna, la legisladora destacó que el artículo 19 establece, en su segundo párrafo, que la autoridad puede determinar prisión preventiva del acusado en los casos de delitos cometidos por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, así como delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Lo que se propone, precisó Alavez Ruiz, es que se adicione a ese catálogo la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin las autorizaciones de ley.
Lo anterior, porque de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Brasil, Igarape, y del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa “cuando un ciudadano responde con un arma de fuego a una agresión, tiene 180 veces más probabilidades de morir que cuando no reacciona. Asimismo, una persona que posee un arma en su hogar tiene 57 por ciento mayor probabilidad de ser asesinada durante un asalto en su casa que alguien que esté desarmado”.
Además, agregó la diputada, el informe también señala que la presencia de un arma en casa aumenta en 272 por ciento el riesgo de que una mujer sea asesinada como consecuencia de violencia doméstica
Ante esos riesgos, dijo, son necesarias medidas que inhiban la distribución y portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sobre todo, ante la violencia descomunal que se vive en la ciudad y el país.
Alavez Ruiz aseguró que la propuesta no riñe con la minuta aprobada por el Senado de la República y pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, que castiga con penas más severas la portación de armas de fuego, por el contrario, expresó, es complementaria y correctiva del Sistema de justicia penal acusatorio.
Alavez Ruiz concluyó informando que, de aprobarse la reforma, el Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a 180 días para realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación penal aplicable.
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