CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, impulsan una iniciativa para sancionar con uno a cinco años de prisión a quien comenta un delito en contra del personal del sector salud, y para agravar las penalidades por discriminación hacia médicos y enfermeras.
El documento subraya que se busca proporcionar seguridad al personal de este sector, dado que “arriesgan su salud, integridad e, incluso, su propia vida, por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus, causante de COVID-19”.
Las diputadas destacaron que la reforma es significativa, pues las condiciones generales de la contingencia sanitaria hacen posible que en contra del personal médico y de enfermería puedan cometerse desde delitos patrimoniales (robo en sus distintas modalidades) hasta aquellos que atenten contra su integridad y su vida (lesiones, amenazas, entre otros).
Con la epidemia, añadieron, el fenómeno de discriminación se ha extendido a 22 entidades: encabezada por la Ciudad de México, con 22 quejas; estado de México, 12; Nuevo León y Guanajuato con cuatro y, Jalisco y Puebla con tres. Mientras que Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos. En tanto, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, tienen una queja.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha hecho llamados a evitar actos de violencia y discriminación durante la emergencia sanitaria hacia personal médico y de enfermería. También ha solicitado a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la seguridad e integridad de dicho personal, así como de las personas diagnosticadas con COVID-19.
Las legisladoras argumentaron que desde la Cámara de Diputados se ha instado a las autoridades competentes a implementar campañas de concientización a la población, con el objetivo de evitar la discriminación, el maltrato y la violencia hacia el personal del sector salud, porque dichos ataques se derivan de la desinformación y el temor de la población, mismo que podría ser colmado con la información pertinente.
La propuesta de adición en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal tiene la finalidad de establecer que cuando las conductas de discriminación sean cometidas en contra de personal del sector salud durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria declarada en términos de la Ley, la pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte.
Con la inclusión del artículo 199 Sextus 1 del Código Penal Federal, se prevé establecer que al que cometa un delito contra personal del sector salud en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le imponga de uno a cinco años de prisión, además de la pena que le corresponda por el delito cometido.
En tanto, la reforma en el artículo 427 de la Ley General de Salud, contempla sancionar con arresto de hasta 36 horas a la persona que realice o inste a realizar actos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, contra personal del sector salud.
Tal situación, agregan las diputadas en su iniciativa, blindará a médicos y enfermeras de aquellas agresiones que no ameriten pena punitiva, ya que “no todos los ataques que se han manifestado en contra de este sector constituyen por sí mismas una conducta tipificada en ordenamientos penales y no pueden ser perseguidas como tal”.
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