TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 31 de julio (AlmomentoMX).- Despenalizar la interrupción del embarazo antes de la conclusión de la décima segunda semana de gestación, propuso el Grupo Parlamentario de morena a la 60 Legislatura estatal, a través de las diputadas Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez.
Nancy Nápoles, al leer en tribuna la iniciativa, subrayó que así la bancada de Morena reconoce el problema que viven las mujeres mexiquenses por la práctica de abortos inseguros, que son la cuarta causa de muerte femenina en el país, lo cual implica —recalcó— que es una cuestión de salud pública.
Se trata, dijo, de una realidad social que, más allá de la polarización, “supera las políticas públicas del Estado y las diversas convicciones religiosas”, de ahí que los argumentos que sustentan la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo “se plantean principalmente para salvaguardar la salud de las mujeres, derecho referido en el artículo 4º de la Constitución Política Federal”, detalló.
Al exponer los motivos de la iniciativa, la diputada Nápoles Pacheco destacó que al momento de legislar en torno a este asunto debe tomarse en cuenta la desprotección de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen un acceso restringido o nulo a servicios públicos de calidad, tanto educativos como de salud, situación que compete al Estado atender con reformas integrales que garanticen una correcta protección de los derechos.
Citó además datos del apartado de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales revelan que, de 575 procesos de investigación iniciados por el delito de aborto en el país, el Estado de México presentó 79, situándose en primer lugar nacional; de enero a abril de este año han sido 43 casos.
De acuerdo con las reformas al Código Penal del Estado de México planteadas por morena, cometería el delito de aborto “la mujer que interrumpa su embarazo después de la décima segunda semana de gestación o que consienta que otra persona la haga abortar una vez transcurrida dicha semana”.
En este caso, las penas serían de seis meses a un año de prisión o multa de 50 a 200 días, ésta podría conmutarse por trabajo a favor de la comunidad. Además, la mujer en esta circunstancia recibirá atención integral con perspectiva de género y será canalizada a las unidades del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
Cometería este delito también, según la iniciativa, quien interrumpa el embarazo, después de las 12 semanas, con consentimiento de la mujer, y tendrá una pena de seis meses a un año de prisión. Si no hay consentimiento de la mujer, el delito existe en cualquier momento del embarazo y se castigará con tres a seis años de prisión; si hay violencia moral o física, la pena se incrementaría hasta los ocho años.
Actualmente, el Código considera como delito el aborto en cualquier momento del embarazo, con penas de tres a ocho años de prisión y de 50 a 400 días-multa a quien lo provoque, o de uno a tres años de cárcel a la mujer que lo practique o lo consienta, y de seis meses a dos años si lo hace “para ocultar su deshonra”.
La propuesta morenista elimina este concepto y mantiene, con ciertas precisiones, como excluyentes de responsabilidad penal el que el aborto sea resultado de una acción culposa de la mujer; que el embarazo sea resultado de una violación —y, agrega, si lo es de la implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento de ella—; que la mujer embarazada corra peligro de muerte o afectación de su salud, a juicio del personal médico que la asista —sin que se necesite el dictamen de otro médico, como actualmente se consigna en el Código—.
Una última excluyente se refiere a cuando, a juicio de un médico especialista —y no de dos— exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la mujer embarazada.
De aprobarse las reformas, el personal médico tendría además la obligación de proporcionar a la mujer información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción de su embarazo; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.
Las adecuaciones legales propuestas tocan también el Código Administrativo, en su apartido relativo a la salud, para que sea el Sistema Estatal de Salud el que preste el servicio de interrupción legal del embarazo de manera gratuita y segura, aun cuando la mujer cuente con otro servicio de salud público, social o privado, y deberá hacerlo en no más de cinco días contados a partir del siguiente a que una mujer lo solicite; además, los prestadores del servicio (personas físicas o morales de los sectores público, social y privado) deberán brindarle información imparcial, científica, clara y suficiente sobre procedimientos, riesgos y alternativas, entre ellas la adopción.
En su argumentación, la diputada Nápoles Pacheco hizo énfasis en que “el aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. Sólo la mujer embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere tomar la difícil decisión de abortar. Se trata de una decisión que debería tomarse sin la presión de las concepciones sociales que obligan a las mujeres a satisfacer un rol de género y a cumplir con el destino de ser madres”.
En México, señaló la legisladora, como el aborto está prohibido y penalizado, se dificulta la obtención de información confiable para precisar el número de incidencias del aborto clandestino, pero el IMSS estima que en 2016 tuvo un total de 65 mil 996 hospitalizaciones por complicación de abortos en sus clínicas y que aproximadamente 11 de cada 100 hospitalizaciones relacionadas con el embarazo y parto se deben a dificultades por esa causa.
Por otro lado, y llamando la atención hacia un sector de alta vulnerabilidad, la congresista recordó que en 2017 el INEGI reportó que 390 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, en tanto que el Inmujeres encontró que 48.4% de las adolescentes que se embarazaron ese año no querían que ocurriera.
Para su dictamen, la iniciativa se remitió a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social.
La diputada agradeció a representantes de los colectivos DDSER Estado de México, Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, Democracia y Sexualidad, I Paz México, Socialis, Organización Redefine Estado de México por su presencia en la sesión y su acompañamiento en el trabajo de investigación para la redacción de la iniciativa.
AM.MX/fm
