CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero (AlmomentoMX).- Las organizaciones campesinas, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), le proponen al Gobierno de la República impulsar una reingeniería de las instituciones del campo y un cambio de modelo que modifique la política asistencial por una verdadera política social y productiva que reduzca la dependencia alimentaria, supere el paradigma del libre mercado y devuelva al Estado la rectoría del desarrollo rural.
Las fallidas políticas en el campo han llevado a que sólo el 1.1% de los recursos de fomento productivo vayan a los pequeños productores, mientras los medianos reciben el 13.2% y el 96% va a los empresarios más grandes, destaca la dirigencia.
Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Federico Ovalle de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC), y Francisco Chew del Movimiento Social por la Tierra (MST) señalaron que el gobierno federal promueve un “Acuerdo Agrario con Justicia Social para el Campo Mexicano” que es sólo un catálogo de buenas intenciones.
Los dirigentes rechazaron firmar el documento al que consideran una respuesta al anuncio de la movilización campesina del próximo 31 de enero y plantean, en cambio, una agenda mínima de acuerdos que contempla, entre otros objetivos:
Garantizar la soberanía alimentaria como eje rector de la política pública orientada hacia el sector rural, que cubra al menos el 85% de la demanda nacional de alimentos (granos básicos, oleaginosas, carne, leche y huevo) con producción local, garantizando un ingreso justo a los productores y precios accesibles a los consumidores.
Colocar a la producción primaria dentro de las prioridades estructurales de las políticas públicas por su alta capacidad de generar desarrollo.
Coincidieron los dirigentes de las cuatro organizaciones del FAC en que las condiciones para una verdadera reforma del campo son el diálogo con la sociedad rural; el consenso con los diferentes actores rurales; la transparencia y el trato justo con las organizaciones sociales y de productores que eviten la imposición de una propuesta unilateral.
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