CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado analiza una reforma a la LFT para establecer una cuota mínima del 3% de personas con discapacidad en las plantillas laborales. La iniciativa busca promover la inclusión, garantizar igualdad de oportunidades, así como prevenir la discriminación.
De acuerdo con El Economista, la inclusión laboral exige un rediseño no solo de las políticas en las empresas, sino también de las leyes, de ahí que se plantee en el Senado de la República una iniciativa de reforma a Ley Federal del Trabajo (LFT), para que las organizaciones incrementen la contratación de personas con discapacidad.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una propuesta de reforma a diversos artículos de la LFT, uno de ellos al 7, que, entre otras cosas, obligue a los patrones a tener en sus plantillas a por lo menos un 3% de personas con discapacidad.
Esto es importante porque, aunque la legislación laboral prohíbe la discriminación, no contempla una cuota obligatoria de contratación para personas con discapacidad, aunque si fija un mínimo de mexicanos contratados, 90% y solo 10 por ciento máximo de extranjeros.
A nivel mundial, las personas con discapacidad representan al 15% de la población mundial, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y aunque ocho de cada 10 se encuentran en edad de trabajar, no lo hacen porque no se les brindan las oportunidades para hacerlo.
En el caso de México, sólo 40.6% de las 8.8 millones de personas con discapacidad que hay en el país participan en una actividad económica, según datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cuota de contratación y ascenso para personas con discapacidad
La legisladora destaca que la inclusión laboral es hoy un componente esencial de la política de desarrollo del capital humano y “un valor que debe prevalecer en el pensamiento político actual”.
Por otro lado, la iniciativa también busca una modificación al artículo 2 y 3 de la LFT para garantizar un trabajo digno a las personas con discapacidad y brindarles condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, así como “ajustes razonables” que garanticen la “igualdad sustantiva”.
Otra modificación de la propuesta legislativa es reformar el artículo 132 para obligar a los patrones a que informen al sindicato sobre las modificaciones que harán en sus contratos colectivos y de los trabajadores para puestos de nueva creación y vacantes donde se garantice que el 3% sean ocupados por personas con discapacidad.
La propuesta también prevé la implementación de un protocolo para prevenir la discriminación por discapacidad y la adición de una nueva obligación patronal en el artículo 153-A, que garantice capacitación y oportunidades de ascenso para este grupo de trabajadores.
Una persona con discapacidad es aquella que tiene una deficiencia ya sea física, sensorial, mental o intelectual que le impide “participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, define la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ahora bien, la OIT explica que la inclusión de la discapacidad requiere promover y garantizar la participación de las personas con discapacidad en el empleo, y para ello se deben “brindar los apoyos necesarios y ajustes razonables”.
No obstante, en el caso de México, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo solo prohíben la discriminación por discapacidad, pero hasta ahora no detallan estrategias o reglas claras sobre cómo ayudar a que dicho sector de la población se integre más al mundo del trabajo.
Los datos del Inegi demuestran, por ejemplo, que solo cuatro de cada 10 personas con discapacidad trabajan, y apenas un 1.5% de los 7 millones de negocios que operan en el país contrata a trabajadores de dicho grupo.
Los estados más comprometidos con la inclusión laboral de personas con discapacidad son Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León y Baja California, en ese orden; entidades que rondan entre el 10 y 11% de personas discapacitadas en el mercado laboral.
Sobre las actividades que realizan, el Inegi revela que la mayoría están contratados por micro empresas (86.8%), y solo una de cada 10 por pequeñas y medianas, en tanto que las grandes corporaciones tienen apenas al 1.5% de la población con discapacidad contratada; en suma, se trata de organizaciones dedicadas al comercio, los servicios y manufactura.
Sin embargo, la senadora priísta asegura que la infraestructura de las calles, instalaciones y transportes dentro y fuera de los centros de trabajo a nivel general son inadecuados para sus condiciones, lo cual “les impide encontrar trabajo”, y eso a su vez se traduce en una forma de discriminación.
Al respecto, otra demografía publicada por el Inegi sobre discriminación mostró que a cuatro de cada 10 personas con discapacidad se le ha negado un programa social por su condición, y a un 33.5% sus derechos se respetan poco, por lo cual, la senadora resalta, “es un imperativo social, actualizar la Ley Federal del Trabajo, para así, establecer cuotas afirmativas que permitan abrir espacios para las personas con discapacidad”.
Claudia Edith Anaya Mota agrega que las políticas de diversidad son esenciales para alcanzar la competitividad en las empresas, pero el reto de alcanzar un mundo inclusivo se vislumbra desde “la generación de espacios laborales inclusivos” donde las organizaciones brinden empleo “estable y sostenible” para las personas con discapacidad.
Las ventajas de hacer esto radican en un incremento de talento efectivo para las empresas; en palabras de The Adecco Group, los beneficios se traducen en más y mejores habilidades, tales como creatividad, innovación y flexibilidad; sentido de pertenencia, una mejor reputación e incluso motivación de los empleados.
Con esta iniciativa, se buscan ponderar los derechos de las personas con discapacidad en sintonía con las recomendaciones internacionales; no obstante, la propuesta no es nueva, en la pasada legislatura ya se había impulsado una reforma similar, y aunque se avaló en el pleno del Senado, el proyecto quedó congelado en la Cámara de Diputados.
AM.MX/fm
