CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República (GPPRD) reconoce a la consulta popular como un instrumento de trascendencia nacional y de democracia participativa, sin embargo, la pregunta reformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en referencia a la petición formulada por el Ejecutivo es ambigua y atemporal.
“¿Cómo la voluntad popular de este instrumento va a poder marcar una efectiva participación?, ¿qué es lo que se va a decidir?, ¿cuál es la duda que se va a resolver?, ¿si se debe emprender una acción o no pertinente?, ¿cuál o cuáles?; emprender un proceso de esclarecimiento, ¿cuál?; de las decisiones políticas tomadas en el pasado, ¿cuáles?; en los años pasados, ¿hasta cuándo?; ¿se referirá una responsabilidad política, civil, administrativa, penal, ética?, ¿encaminada a garantizar la justicia de las posibles víctimas?, ¿qué víctimas?, ¿a qué víctimas nos referimos?; ¿cuáles son los efectos benéficos de trascendencia nacional?, ¿cuál es el caso?, eso es lo que no se precisó”, señaló el coordinador parlamentario, Miguel Ángel Mancera Espinosa.*
El GPPRD manifiesta su respeto a la SCJN, pero difiere de la interpretación que dio a la petición del Ejecutivo, en razón de que la propia Constitución Política establece los casos específicos respecto de los cuales no es procedente la consulta popular, así como del dictamen sometido a discusión ante el pleno del Senado, dado que no se aclara el porqué de la trascendencia nacional de la consulta.
Miguel Ángel Mancera precisó que es una obligación del Estado el garantizar la justicia a cualquier persona que ha sido víctima en la violación de sus derechos. “Quisiera que alguien me dijera cuál es la trascendencia nacional, no el ejercicio de la consulta popular, en eso estamos claros y de acuerdo”, afirmó.
El senador, Juan Manuel Fócil Pérez, señaló que con la pregunta reformulada se está violando la Constitución y llama la atención que la propia Corte ha advertido que el resultado de la consulta no será vinculante, es decir, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Poder Judicial estarán obligados a acatar el resultado de la consulta.
“La justicia se tiene que aplicar por ley, es un mandato, así que en eso está mal este procedimiento que se está siguiendo y las leyes se tienen que cumplir por todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Que quede muy claro, el PRD sí está a favor de la consulta pública, no estamos a favor de ejercicios de la consulta que violan la Constitución, que violan derechos y obligaciones”, enfatizó.
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