CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) presentó una iniciativa que adiciona la fracción IV Bis al artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer que los directivos de planteles de educación inclusiva y especial sean personas con los perfiles adecuados.
El documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para, precisa que entre las acciones que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover estará “asignar en cargos directivos en los planteles de educación inclusiva y especial a personas que cumplan con perfiles capacitados para aplicar planes y programas dirigidos a educandos con necesidades especiales”.
De igual forma, la SEP deberá “implementar ajustes razonables en todas las acciones educativas que permitan acceder, permanecer y concluir los grados o similares en el Sistema Educativo Nacional”.
En su fundamentación, la iniciativa destaca que, según datos del reporte “Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños con discapacidad”, este grupo de población tiene una menor posibilidad de ir a la escuela, recibir buena atención de salud, y es más vulnerable a la violencia, el abuso y la explotación.
Menciona que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala la importancia de una política educativa inclusiva, ya que el analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y a la falta de oportunidades.
Resalta que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en comparación con las y los niños sin discapacidad, las personas con discapacidad tienen 24 por ciento menos probabilidades de recibir una atención temprana y receptiva, 42 por ciento menos de tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, 25 por ciento más de posibilidades de sufrir emaciación y 34 por ciento más de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento.
Agrega que 49 por ciento de las y los niños con discapacidad tiene más probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela, 47 por ciento más de no asistir a la escuela primaria, 33 por ciento de no ir al primer ciclo de secundaria y 27 por ciento más de no asistir al segundo ciclo de secundaria.
Esta iniciativa, afirma la diputada Espinosa Morales, encuentra su sustento en el artículo 3o. constitucional en donde se establece que, con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de “eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”, y eso es exactamente lo que se pretende con esta reforma.
Agrega que, de acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano está obligado a emplear a maestros que estén cualificados en lengua de señas o Braille, y sobre todo en la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, así como técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
Por ello, concluye la diputada, es de suma importancia que las y los legisladores aprueben esta reforma, para que las niñas y niños con alguna discapacidad puedan tener una mejor perspectiva dentro de los centros de educación especial.
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