CIUDAD DE MÉXICO.- En el segundo día del Parlamento Abierto “Análisis al Paquete Económico de 2021”, empresarios, académicos y organizaciones civiles se manifestaron a favor de la lucha contra la evasión fiscal y solicitaron revisar y corregir el proyecto, a fin de que contemple la reactivación de la planta industrial afectada por el Covid-19, sin vulnerar los derechos de los contribuyentes.
Consideraron que la lucha en contra de la facturación falsa debe continuar; sin embargo, advirtieron que la propuesta no reactiva la economía, carece de subsidios y no fomenta la creación de empleos, por lo que hicieron diversas propuestas a las leyes del ISR e IVA, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que los temas abordados en este parlamento permitirán fortalecer el análisis que realizará este órgano legislativo en materia hacendaria.
“Todos lo recabado en estas mesas contribuirán a la construcción del documento base para elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal para el 2021”, agregó.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) indicó que el paquete presupuestal promueve un trato fiscal de piso parejo para todos; es decir, evita los privilegios para algunos, a fin de lograr la normalidad hacendaria que se requiere para impulsar una competencia real entre los participantes económicos del país.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) manifestó que las propuestas del parlamento permitirán fortalecer las visiones sobre la necesidad de reactivar la economía y proponer al Pleno una ley que ayude al país a salir adelante, establecer de manera responsable los ingresos de 2021 y tener una discusión robusta sobre el PEF.
Enseguida, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) resaltó la importancia de este evento y las propuestas presentadas. Se refirió a su iniciativa para impulsar el desarrollo de las librerías en el país y el fortalecimiento de la industria editorial mexicana, mediante la imposición de tasa cero de IVA a las librerías.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) expresó que se recibieron propuestas muy interesantes, pero por la dimensión de su incidencia y por el tiempo “nos rebasa” para analizarlas a detalle. Propuso una reforma integral que modifique la temporalidad de la discusión sobre los ingresos y egresos de la Federación.
El jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ernesto Molina Chávez, señaló que este encuentro permitirá complementar las reglas que expedirá el Sistema de Administración Tributaria. Subrayó que el SAT apoyará las decisiones que tome la Comisión en materia hacendaria.
Representantes de los sectores empresarial e industrial afirmaron que la no deducibilidad de intereses y limitarla a 30 por ciento “sería terrible para todas las empresas”. Propusieron diferir la medida de control hasta 2022 para tener mejores condiciones económicas.
Pidieron se aclare la recaracterización de la cláusula general antiabuso, en vigor desde enero pasado y no dé lugar a consecuencias penales. Lo más preocupante, dijeron, es la reforma sobre aseguramiento precautorio para terceros, cuya redacción es totalmente anticonstitucional.
Apuntaron que la contingencia por el Covid-19 no se tomó en cuenta en el Paquete Económico del próximo año, ya que no contempla incentivos para las empresas, especialmente las pequeñas.
Plantearon revisar la cancelación de sello digital, cuya idea es ir contra las factureras; no obstante, dijeron, la medida afectaría a los contribuyentes cumplidos, por lo que solicitaron incorporar mayores elementos de confianza a los contribuyentes para devolver impuestos.
Señalaron que el marco jurídico fiscal es muy complejo, y solicitaron que se evalúe el proceso normativo para facilitar la contribución y devolución del IVA, porque es complicado hacer los trámites.
Por su parte, dirigentes de las industrias automotriz, de alimentos y turismo demandaron estímulos fiscales para resarcir la pérdida de empleos y negocios, y la caída en la demanda.
El sector telecomunicaciones solicitó modificar el Paquete Económico y traducirlo en procedimientos más simples que no generen cargas excesivas y faciliten el reporte de retenciones efectuadas.
Por el sector académico e investigación, participaron Manuel Toledo Espinosa, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), y María Teresa Rodríguez Bastidas, del mismo Instituto.
Propusieron permitir la deducción del cien por ciento de la previsión social para los trabajadores afectados por la pandemia, deducir los activos fijos, diferir la aplicación de la limitante del 30 por ciento sobre los intereses, y criticaron que en el tema de aseguramiento precautorio, no se limita el monto, ni define quienes son estos terceros relacionados.
La Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de El Colegio de Abogados, consideraron incorrecto eliminar el artículo 5-A que excluye los efectos penales de la recaracterización y la cancelación de sellos digitales pierde de vista que los contribuyentes puedan ejercer su derecho de defensa o promover juicio de nulidad.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos propuso diferir la entrada en vigor de la limitante para deducir intereses para que particulares y empresas tengan canales de financiamiento y enfrenten las dificultades de efectivo.
El Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, dijo que el paquete económico tiene dirección y una política económica democrática, justa, honrada, de austeridad y bienestar para transitar a un nuevo modelo en un contexto de pandemia que afecta la economía.
Representantes de las asociaciones civiles pidieron analizar la eliminación del registro como donataria autorizada a las organizaciones que reciban más del 50 por ciento del total de sus ingresos derivado del rubro de otros y crear un estímulo fiscal para las inversiones orientas a los proyectos museísticos, sociales, medioambientales y científicos.
También solicitaron reflexionar y mantener sin cambios los artículos 80 y 82 de la Ley del ISR y alentar su armonización con la Ley de Fomento. Destacaron que las reformas afectarían los derechos de asociación.
Asimismo, el Colectivo Unidos, Dakshina y Estándares Pro-Bono México, señalaron que de aprobarse el proyecto fiscal estarían en riesgo porque actualmente no tienen subsidios gubernamentales. La reforma planteada no resuelve conductas delictivas o dolosas de evasión fiscal.
Por ello, pidieron no estar en contra de las donatarias ya que trabajan en zonas marginadas. Solicitaron tasa cero del IVA a artículos de gestión menstrual por ser productos de primera necesidad.
En su turno, los representantes de los despachos especializados opinaron que el proyecto presupuestal debe ser analizado con detenimiento, porque hay apartados que atentan contra los sectores productivos.
Apuntaron que es atinado ir en contra de las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales y evaden impuestos; no obstante, consideraron importante no ir en contra de quienes sí cumplen, ya que puede existir una violación de los derechos de los contribuyentes.
AM.MX/fm
