CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril (AlmomentoMX).- Los integrantes de la Comisión de Vivienda aprobaron el Proyecto de Dictamen que contiene un punto de acuerdo para exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a suspender desalojos de viviendas, venta de vivienda adjudicada, cobranza extrajudicial y hacer público el procedimiento de cancelación de contrato en favor de la empresa Telra Reality, a la cual se le encomendó el control.
Por mayoría, adicionaron exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Nacional de Transparencia para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que intervengan en este proceso y evitar violar los derechos de los trabajadores.
Durante su 5ª Reunión Ordinaria de Pleno de la Comisión de Vivienda, su presidente, el diputado Carlos Torres Piña (SP), propuso que el Infonavit genere un área jurídica que no deje en estado de indefensión a trabajadores que vieron afectados sus derechos.
El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena) dijo que será necesario exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Nacional de Transparencia para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto a hacer público el procedimiento de cancelación del contrato en favor de la empresa Telra Reality encargada del control.
Por su parte, el diputado Carlos Pavón Campos (PRI) recordó que en una sesión anterior se solicitaba no se contrataran despachos para llevar los juicios de los trabajadores, porque les cuesta y por el desalojo que se rechazó.
Propuso que se hiciera a través del Infonavit toda vez que tiene la infraestructura para realizar todo ese proceso.
El presidente de la Comisión, diputado Carlos Torres Piña (SP), avaló la propuesta de Sánchez Rodríguez, por lo que sus planteamientos se adicionarán al cuerpo del dictamen a efecto de que el exhorto sea más amplio.
En su oportunidad, la diputada Ana Lilia Guillen Quiroz (Morena) informó que el Infonavit ha estado haciendo vínculos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para revisar los estándares de cobranza de algunos despachos que abusaban de los trabajadores afectados.
Proceso que dejó de tener vigencia porque les quedaron a deber mil 500 millones de pesos estos despachos.
Es por eso, subrayó la diputada, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en consonancia con el Instituto trabajan para garantizar la seguridad y confianza de los trabajadores y evitar abusos de algunos despachos que sólo violentaban la integridad de los hogares.
Reiteró que trabajarán juntos para llevar a cabo acciones que resuelvan los asuntos de vivienda que tienen los trabajadores.
Respecto al proyecto de Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revisar la problemática que existe en torno al despojo que han sufrido trabajadores de todo el país por parte del Infonavit, propusieron que los programas de asesoría jurídica al interior del Instituto apoyen en los juicios de nulidad de los trabajadores.
Coincidieron en que los procesos judiciales son complejos y requieren de abogados para poder revertir todo el proceso fraudulento que se llevó a cabo.
Es necesario buscar métodos idóneos para que los trabajadores tengan asesorías gratuitas y puedan recuperar su patrimonio, e iniciar los juicios para defenderse.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (Morena) llamó a los legisladores de la Comisión de Vivienda a apoyar a los trabajadores que se quedaron sin empleo y por ende sin vivienda por no seguir realizando sus pagos, para que no se queden desprotegidos y que el Infonavit no actúe de forma violenta en el asunto del despojo.
Reveló que son alrededor de cinco millones de viviendas abandonadas, cuyos casos deberán ser analizados.
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