CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre (AlmomentoMX).- En México existen empresas que se dedican a la subcontratación de manera legal y transparente, sin embargo en la iniciativa del senador Gómez Urrutia esta apreciación la limita a muy pocos supuestos.
Se debe trabajar en incorporar elementos específicos para que las autoridades tengan elementos de análisis para determinar la legalidad de la subcontratación y no criminalizarla sin mayores valoraciones.
La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Ulises Murguía Soto, contempla un punto de coincidencia, y es que el trabajador requiere de certidumbre en el ejercicio de sus derechos laborales, sin embargo la iniciativa del senador Gómez Urrutia compromete la creación de empleos.
La opción del diputado Murguía es propositiva y supone incrementar el intercambio de información como elemento vital para reducir las malas prácticas fiscales y de seguridad social.
Algo que debe valorarse en la propuesta del diputado es que pretende regular el esquema de subcontratación mediante Normas Oficiales, lo cual incrementaría la calidad de los servicios. Si un trabajador cuenta con certeza jurídica en materia laboral su desempeño es mejor, convirtiéndose en talento dentro de las organizaciones.
Ulises Murguía considera que es necesario dar certeza jurídica y establecer el alcance de las obligaciones de los contratantes y contratistas en la discusión de la Ley Federal del Trabajo.
Considera necesario realizar Inspecciones especializadas y capacitar inspectores.
Para el diputado, la subcontratación se presenta tanto en el sector privado como en el público, como un factor de crecimiento del empleo superior al promedio nacional. Establece que actualmente existen intercambios de información entre el IMSS, SAT y STPS, por lo que el concepto puede controlarse adecuadamente.
Está de acuerdo en imponer sanciones a quien no cumpla y propone reforzar requisitos para evitar empresas fantasmas.
El diputado expone que la STPS junto con la Secretaría de Economía establecerán un sistema de gestión de calidad para asegurarse que los contratistas cumplan con un mínimo indispensable de requisitos que garanticen la calidad de sus servicios.
Se impone como requisito para ser contratista el estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y mantener dicho registro, y se establece como medio de regulación las inspecciones que mensualmente llevarán a cabo la STPS, el IMSS y el INFONAVIT para asegurarse de que se cumplen las obligaciones laborales y de seguridad social.
Se establecen documentos que el contratista debe entregar al contratante para garantizar su solvencia y su formal constitución, entre ellos las opiniones de cumplimiento del SAT y del IMSS que acrediten que el contratista paga correctamente sus impuestos y cargas sociales.
La iniciativa prohíbe específicamente transferir de manera deliberada a los trabajadores para disminuir sus derechos, crear relaciones de simulación que oculten una relación laboral, así como las relaciones de insourcing.
También la utilización del régimen de subcontratación en forma dolosa, en beneficio de intereses particulares o en perjuicio de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como con la intención de contar con beneficios fiscales mediante la simulación, indicando no solamente la sujeción a las leyes (penales, fiscales, etc.) sino también previendo multas entre 250 a 5000 UMAs.
El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, pidió a las autoridades que se regularice el sector outsorcing para identificar a empresas factureras y evitar el terrorismo fiscal.
“Ya sabemos que está en la Ley Federal del Trabajo, pero lo que no hay es una adecuada regulación. Hay empresas buenas de terciarización como es el caso de GINgroup y otras que andan generando situaciones anormales y que producen un enorme daño a la economía”, lamentó el empresario.
Beyruti dijo que si se logra regularizar esta actividad, se podrán identificar a empresas factureras y que no cumplen con la ley, y ahí es dónde el gobierno podrá actuar.
“Regularicemos la terciarización y ahí podremos identificar a las empresas que no cumplen y en lugar de generar un terrorismo fiscal, tendremos la oportunidad de establecer las condiciones de encontrar a aquellas que no facturan de forma adecuada y correcta”, aseveró Beyruti.
Comentó que no pide una nueva ley, ni nada que no sea congruente. Precisó que en Estados Unidos, la empresa número uno de capital humano factura 35,000 millones de dólares, mientras que GINgroup, que es la empresa líder del sector en México y en América Latina, en 2018 facturó 1,700 millones de dólares. “Estamos muy lejos, el sector tiene mucho potencial”, aseguró.
“Más de 10 millones de mexicanos están en el tema de terciarización y en el gobierno hay una parte importante (…) El gobierno es un factor importante para que la terciarización opere correctamente”, sentenció.
Hay muchas empresas factureras en México que están relacionadas con la terciarización y a través de este modelo emiten facturas falsas.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas que tienen identificacadas han facturado cerca de 1.2 billones de pesos, por lo que ha puesto la mira en éstas, pero especialistas advierten que esto podría derivar en un terrorismo fiscal.
GINgroup tiene 4,500 clientes en el negocio de la tercerización de empleo y administra a 180,000 colaboradores. El año pasado facturó 1,700 millones de dólares, por lo que en una cifra aproximada, concentraría cerca de un 17% del mercado.
AM.MX/fm
