CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, con el fin de que la Cámara de Diputados designe al titular de dicha instancia.
El legislador explicó que con el voto de las dos terceras partes de las y los legisladores de la Cámara Baja presentes, sería elegido el titular del Órgano, con lo que se fortalece su autonomía y capacidad de gestión para inspeccionar, vigilar y castigar anomalías de servidores públicos, en el marco del combate a la corrupción.
Refirió que actualmente existen 214 Órganos de Control Interno del sector central y descentralizado, los cuales son nombrados por la Secretaría de la Función Pública, y también existen los entes en los órganos constitucionalmente autónomos, así como la Auditoría Superior de la Federación con sus características propias de fiscalización y rendición de cuentas, que son designados por el pleno de la Cámara de diputados.
Señaló que en el caso del citado Tribunal Federal, es la única institución que no tiene un órgano de Control independiente y autónomo de las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que resulta importante hacerlo realidad, con el fin de otorgar certeza y certidumbre jurídica a la población en el combate a la corrupción.
Expuso que su diseño quedó plasmado en el artículo 73 Constitucional, como un órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas de estos, por diversos daños y perjuicios que redunden en daños de la hacienda pública, principalmente por actos de corrupción.
Pero en la actualidad, aseguró, no desempeña con claridad esas funciones para las que fue creado, porque faltó regular su actuación y organización. “Es una institución especializada en sanciones por actos de corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no es autónoma, no es independiente, no rinde cuentas, no es transparente, lo cual va en contra de la misma Constitución Política y su Órgano Interno de Control corre la misma suerte”, afirmó.
Es decir, insistió, nos encontramos ante un órgano encargado de sancionar conductas graves que no se encuentra apegado a las directrices encaminadas a satisfacer las necesidades de una población habida de respuestas firmes en contra la corrupción que afecta al país.
La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
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