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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre (AlMomentoMX).-  Tras la promulgación de la polémica Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que si bien es una norma sensible que ha sido objetada en su constitucionalidad, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su interpretación.

“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, indicó el mandatario flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón.

Ante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Peña Nieto enfatizó que de esta manera la Suprema Corte “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de gobernadores, la intervención de la Federación para instrumentar acciones de seguridad en una región de los estados.

La SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Si bien reconoció que varios académicos, colectivos de derechos humanos y organismos de la sociedad civil han calificado de inconstitucional, Peña Nieto subrayó que el espíritu de la ley  es dar certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.

El mandatario federal explicó que ante la debilidad institucional de las corporaciones policiacas estatales, las fuerzas armadas han participado de forma subsidiaria y temporal en tareas de seguridad pública, sin que por ello se pretenda suplir a las policías locales, sino complementar sus capacidades siempre a partir de solicitudes de los gobiernos estatales.

Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.

El Presidente de la República aseveró que los retos que enfrenta el país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”. Llamó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia.

Resaltó que México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población. Afirmó que sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo “alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”.

El mandatario enfatizó que uno de los retos legislativos había sido regular la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas. Recordó que en su momento la SCJN determinó que el Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la sociedad y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República.

Peña Nieto enfatizó que la ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales.

“Durante la discusión y aprobación de la ley, por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que a su criterio el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, apuntó.

AM.MX/dsc

 

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