CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) advirtió que el acuerdo para fijar un tope de tres meses a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU) es una ‘salida rápida’ para eliminar en forma directa la subcontratación.
“Debe quedar claro que cualquier aspecto derivado de la prohibición de la subcontratación tiene una consecuencia directa en la pérdida de empleos formales, que se generan cuando se utiliza este esquema de manera legal, y los cuales suman a la fecha más de 4 millones de puestos”, sostuvo el director general del CEEF.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a las empresas de utilizar la subcontratación para cometer defraudación fiscal y otro tipo de irregularidades. A partir de ello, presentó una iniciativa de ley para desaparecer la subcontratación y al negociarla con el sector empresarial, surgió el tema de una reforma sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
“Es una negociación que podríamos calificar como ‘arbitraria’, no solo por la forma en que llegaría a operar, sino porque en el acuerdo se dejó fuera a entidades representativas del sector empresarial, como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)”, dijo Armando Leñero.
El director del CEEF agregó que este acuerdo obedece exclusivamente a los intereses de grupo, a los grandes empresarios y a organizaciones trasnacionales. Calificó como “pésima la negociación realizada por el Consejo Coordinador Empresarial, ya que no ataca el problema sustantivo de la iniciativa, que es eliminar la subcontratación, lo cual perjudica a las MIPyMES y atenta contra el Art. 5º. Constitucional”.
Pequeñas y medianas empresas las de mayor impacto
El directivo recordó que al eliminar la subcontratación, como un paso consecuente de este acuerdo, se genera un alza de los costos laborales, que pudiera verse reflejado en un incremento en los precios de los productos, además de que más de 40% de los empleos formales, producto de subcontratación, pasarían a la informalidad.
A ello hay que agregar el costo que implica para una micro, pequeña y mediana empresa el acuerdo para topar la PTU. Se expuso que en lugar de continuar con el 10% de Ley, se pondría un tope de 90 días, que para las empresas grandes puede significar un pago de sólo 5% de las utilidades a los trabajadores.
“Las pequeñas empresas, por su parte, que son intensivas en mano de obra, es decir, que el gasto de su nómica representa 90% de su gasto, ni siquiera alcanzan este tope, porque no tienen el saldo suficiente de utilidades para repartir a sus trabajadores, por lo que podrían dar, cuando mucho, 25 días en promedio”, explicó Leñero Llaca.
Para el presidente del CEEF, esto es una medida con la que bajan la carga en el pago de esta prestación a las empresas que ganan más, y se los incrementan a las que menos posibilidades tienen de cubrir esta prestación.
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