CHETUMAL, Q.R.- A pesar de la cascada de omisiones, desvíos y hasta multas en los que incurrió Otoniel Segovia como presidente municipal de Othón P. Blanco, su sucesora, Yensunni Idalia Martínez Hernández insiste en no denunciarlo, evidenciando así, el pacto de impunidad que impera en el Ayuntamiento.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, la lista de problemas que dejó Segovia Martínez tras su administración es por demás interminable; sin embargo, uno de los más graves fue el desvío de recursos federales, hecho que le valió observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, como exhibe el acta administrativa del cierre de la auditoría QROO/FORTALECIMIENTOINV-OTHÓN P. BLANCO/18, en poder de Sol Quintana Roo.
De acuerdo con el documento, durante la gestión de Segovia Martínez, quien claramente llegó al Ayuntamiento únicamente a hacerse millonario, el municipio recibió 27 millones 341 mil 186.40 pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) a través de tres convenios de ejecución: El primero, por siete millones 486 mil 086.40 pesos; el segundo, por cuatro millones 945 mil pesos y el tercero por 14 millones 910 mil 100 pesos, dinero que fue depositado a tres cuentas Banorte.
Sin embargo, cuando la subsecretaría de la SFP revisó las cuentas, “se verificó que el municipio de Othón P. Blanco no realizó el registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables que permita evaluar el avance presupuestal y contable del ejercicio del gasto público, así como la captación del ingreso”.
Esto, detalla la dependencia federal viola el artículo 134 de la Constitución, el cual indica en su primer párrafo que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Una segunda observación en contra del Ayuntamiento se generó por el incumplimiento en la elaboración, uso y requisitado de bitácora de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Y si bien la bitácora de obra es el medio legal para llevar el control durante el desarrollo de los trabajos de construcción (además de las modificaciones presupuestales), la gestión de Segovia Martínez nuevamente incurrió en omisiones, con miras a no informar los avances de proyectos, en claro perjuicio de los othonenses.
Así, el Ayuntamiento evadió entregar los documentos de control de las siguientes obras:
*Repavimentación en diferentes puntos de la ciudad de Chetumal, a través del contrato COP-LO-OPB-040-2017, a cargo de Productos de Concreto de Chetumal S.A. de C.V.
*Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la colonia Fraternidad Antorchistas, mediante el contrato COP-LO-OPB-041-2017, asignado a Empresas Quito, S.A. de C.V.
*Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la colonia Unidad Antorchista, a través del contrato COP-LO-OPB-042-2017, a cargo de Pelisier Corp, S.A. de C.V.
*Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la colonia Mártires Antorchistas, asignada mediante el contrato COP-LO-OPB-043-2017 a Maharba Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V.
*Construcción de parque y domo de usos múltiples en Américas III, con el contrato COP-LO-OPB-073-2017, entregado a Reint Construcciones S.A. de C.V.
*Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nuevo Progreso, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a cargo de Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V, mediante el contrato COP-LO-OPB-086-2017.
*Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Tamalcab, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, encargada a Corporación Constructora del Sureste Mexicano, S.A. de C.V., a través del contrato COP-LO-OPB-087-2017.
En el colmo del cinismo y ante esta irregularidad, el Ayuntamiento, a través de Roberto Chim Interián, entonces director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, respondió que, al tratarse de un “hecho consumado, no se puede solventar (la información de las obras), ya que las bitácoras electrónicas, por ser de un ejercicio presupuestal anterior, se encuentran cerradas y el sistema no permite modificarlas”.
De esta manera, Otoniel Segovia libró rendir cuentas, y lo sigue haciendo, pues el pasado 30 de noviembre feneció el plazo de 60 días que marca la ley para que la alcaldesa Yensunni Idalia Martínez Hernández informe sobre las irregularidades de la pasada administración que pudo haber revelado el proceso de entrega-recepción, sin que se reportaran avances.
Han pasado dos meses y Martínez Hernández no ha presentado los resultados del estado en el que recibió la Comuna, como se preveía, puesto que ante cada cuestionamiento sobre la situación en la que dejó Otoniel Segovia Martínez al gobierno municipal, siempre evadió señalar las deficiencias del gobierno del que también formó parte como síndico.
Es evidente que, al ser del mismo partido, Yensunni Martínez Hernández y Otoniel Segovia Martínez tienen un pacto de impunidad, por lo que han arreglado sus viejas rencillas para evitar que ambos se vean involucrados en procesos administrativos derivados de sus acciones en la anterior gestión municipal.
Mientras tanto, las finanzas del municipio se caen a pedazos, pues el gobierno actual recibió una sanción por tres millones de pesos, derivada de los incumplimientos tributarios de Segovia Martínez.
AM.MX/fm
