Pablo Cabañas Díaz
Como parte de la reforma político electoral procesada en México en el año 2014, un aspecto que sufrió una relevante transformación es el relativo a la posibilidad de que el presidente de la República pueda formalizar un gobierno de coalición. Esto implica la introducción de tres nuevos mecanismos en el régimen político: a) la construcción de una coalición parlamentaria, b) la repartición de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo hacia los partidos de oposición y c) la aprobación del gabinete por parte del Congreso.
Desde que se instauró el gobierno dividido en México, la tendencia que se presenta con frecuencia es que los legisladores de la oposición no tienen incentivos para acompañar y apoyar las iniciativas del presidente. En este contexto, se procesó una reforma político electoral en donde nuevamente se modificaron aspectos importantes como la aprobación de candidaturas independientes, se equipararon las cuotas de género, se elevó el porcentaje mínimo que deben alcanzar los partidos para mantener su registro, el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral con la facultad para atraer elecciones locales, se otorgaron mayores instrumentos de fiscalización a este órgano y se estableció la posibilidad de formalizar gobiernos de coalición.
Estas modificaciones fueron propuestas por las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD en el Senado. Al establecerse la posibilidad de que el Ejecutivo pueda formalizar un gobierno de coalición, se introdujeron mecanismos constitucionales novedosos en el régimen político mexicano. Un gobierno de coalición supone una negociación entre varias fuerzas políticas. La posibilidad inédita de formar gobiernos de no es un asunto menor, en México hay una multiplicidad de desafíos que están a la vista de todos.
Los rezagos sociales, la excesiva concentración de la riqueza, las dificultades recaudatorias, los elevados niveles de violencia y de impunidad, la baja calidad de los servicios públicos, las tensiones políticas no resueltas, dan testimonio de un déficit de gobernabilidad. Podría discutirse qué tan profundo es ese déficit, pero sea cual fuere el nivel es indispensable tomar medidas de rescate institucional. Los costos de estas medidas serán tanto mayores cuanto más avanzado sea el deterioro de las instituciones. En México los esquemas institucionales vigentes distan de ser funcionales para la gobernabilidad.
