Pablo Cabañas DíazUn país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia es la realidad que encuentra y describe a la revista Proceso, Alfonso Durazo Montaño, el hombre a quien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le encargó la tarea de regresarle la seguridad. México, es uno de los países más violentos del mundo sin estar formalmente en un conflicto interno. La Secretaría de Seguridad será mucho más que la restauración de la de Seguridad Pública que tuvieron los gobiernos del PAN. Superior incluso a la que tuvo en su momento el poderoso jefe policial Genaro García Luna, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hizo de esta materia su principal política pública y le declaró la “guerra al narcotráfico”.En sus manos quedará lo que resulte de la reconfiguración del Cisen, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las tareas de protección civil.
En el próximo sexenio la inseguridad pronto va a pasar facturas a la nueva administración pública. La violencia que existe en el país es una de las mayores preocupaciones de los negocios que operan en México. El indicador de costos derivados de crimen y violencia, presencia del crimen organizado, y confiabilidad de las instituciones de seguridad emitido por el Foro Económico Mundial, ubica a México en el lugar 139 de 144 países.
El país requiere construir las capacidades en el sistema judicial y de seguridad para combatir eficazmente el crimen y disminuir los niveles de corrupción. La firma GEA-ISA en su estudio “México, Política, Sociedad y Cambio”, señaló un dato pocas veces analizado: “ la mala situación económica, política y de seguridad del país impactó directamente en los niveles de aprobación de Enrique Peña Nieto” hasta llevar al PRI a su posible desaparición.
En los próximos seis años, la inseguridad pública será uno de los principales factores que habrán de obstaculizar el crecimiento económico, según analistas privados consultados por el Banco de México. El 20 por ciento de los 37 grupos de análisis que consulta el Banco Central cada mes, consideró a los problemas de inseguridad pública como el principal factor que podría frenar la expansión económica del país por encima de la inestabilidad financiera y la política fiscal que habrá de instrumentase en el próximo Gobierno.
En el caso de la encuesta del Banco de México, la percepción de inseguridad puede concebirse como tal —una percepción—, en cuanto a que la persona se sitúa frente a las circunstancias y emite un juicio sobre las posibilidades de ser víctima de un delito, basado en sus conocimientos y sus actividades cotidianas. Lo grave es que ésta arquitectura del miedo muy arraigada en México se encuentra asentada en las personas y vulnera sus emociones alterando su vida cotidiana, los negocios y su visión de la política .
A los problema de percepción se suman problema : de información, casi todas las instancias de seguridad pública recogen datos sobre el crimen, pero carecen de credibilidad; de medición, en el número de denuncias ya que el proceso es arduo y existe falta credibilidad, hay temor y ambigüedad, y de percepción, las tasas de criminalidad (o victimización) frente al temor al crimen son dos indicadores distintos y, las percepciones impactan en decisiones de ubicación, en los gastos de hogares, en las decisiones de voto, entre otras. Dichos problemas se manifiestan en altas tasas de delitos no denunciados 87.7 % en 2017 principalmente por considerarse una pérdida de tiempo 33.1 % y por desconfianza en la autoridad 15 %. De hecho, en delitos que no se denuncian ni se inicia averiguación previa, la “cifra negra” o subregistro y ocultamiento es 92 por ciento de los crímenes. Si no existe información de calidad no es posible cuantificar rigurosamente ni los costos ni los impactos que tienen sobre el crecimiento económico.
