Pablo Cabañas Díaz.
La obligación del Estado mexicano en el ámbito educativo es la de garantizar una educación de calidad para todos sus niños, niñas y adolescentes, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO. Se busca que la población infantil y los adolescentes tengan las mismas oportunidades de acceso a la escuela, de permanencia en ella y de lograr aprendizajes que les sean útiles en sus trayectorias de vida, independientemente de su condición social, étnica, religiosa o de cualquier otra índole.
El sistema de educativo nacional es de gran tamaño y cuenta con diversos tipos de escuelas y planteles escolares: en 2019 la matricula era de 31 millones de alumnos en la educación obligatoria en 244 mil escuelas o planteles y fueron atendidos por un millón y medio de docentes. Poco más de 83 por ciento de esta matrícula, es decir, 26 millones de alumnos, correspondió a la educación básica, que se imparte en 226 mil escuelas y en la que participan 1.2 millones de docentes. La educación media superior está formada por 5 millones de alumnos, 299 mil docentes y 18 mil planteles.
La diversidad de servicios educativos implica resolver las necesidades de las escuelas rurales, de las pequeñas localidades y de las comunidades indígenas. Hasta ahora, las telesecundarias son la opción más importante para continuar con los estudios en las localidades rurales de alta y muy alta marginación.
La cobertura en el nivel primaria, de 6 a 11 años, es prácticamente universal; sin embargo, a partir de los 12 años la tasa de asistencia disminuye, en la población en condiciones de precariedad económica. De este modo, si se trata de población en pobreza extrema, la tasa de asistencia pasa de 77.5 por ciento para aquéllos de 12 a 14 años, a 48.4 por ciento para los de 15 a 17 años. Para las localidades rurales la inasistencia a las escuelas crece a 90.4 por ciento para el grupo de 12 a 14, y a 63.2 por ciento para el de 15 a 17 años.
En 2015, 5 millones de niños, niñas y adolescentes en edades entre 3 y 17 años no asistieron a la escuela; por grupos de edad, las tasas más altas de inasistencia se encuentran en la población de 3 a 5 años. Frente a este panorama, es evidente que deben crearse las condiciones para que los alumnos que enfrentan una situación de precariedad económica puedan avanzar entre grados y niveles educativos continuamente, de modo que puedan completar su educación obligatoria en las edades planeadas.
En la secundaria el abandono escolar limita de forma importante la terminación de la educación obligatoria. En general, los hombres abandonan en mayor medida que las mujeres. En primaria no hay diferencia, en secundaria si hay muchas diferencias. A esto se suma un hecho: la atención de estudiantes con discapacidad en preescolar y primaria no son atendidos por personal capacitado, a pesar de que en todos los tipos de escuela hay alumnos que presentan algún tipo de discapacidad o tienen alguna necesidad educativa especial; en primaria, alrededor de 67 por ciento de las escuelas tiene por lo menos un estudiante con discapacidad, y sólo en 33.8 por ciento de ellas hay personal que proporcione algún tipo de atención.
En nuestro país existe una segregación sistémica en la política educativa y en las prácticas institucionales que vulnera a la población infantil de las comunidades rurales, e impide su derecho a recibir una educación de calidad.
En el caso de los servicios ofrecidos por la SEP, las escuelas para a población más vulnerable se caracteriza por ser tener serias limitaciones en la formación de sus maestros, e insuficientes apoyos y de planteles en condiciones óptimas. A esto suma, las fuertes restricciones presupuestarias en las que operan estas escuelas. A la población infantil que se encuentra en condiciones de alto rezago social y de marginación, se le incumple el mandato constitucional de ofrecer una educación de calidad y acorde a las necesidades de empleo demanda.
