Pablo Cabañas Díaz.
Un caudal de intereses están atrás de las declaraciones del gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, quien a su decir desconoce a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a las supuestas irregularidades cometidas por la bancada de Morena en el Senado. Suena bien a los oídos de los panistas las palabras del gobernador Domínguez, máxime cuando la figura del ombudsperson, asume la difícil misión de controlar el ejercicio del poder detentado por actores públicos y privados.
No son nuevas las declaraciones estridentes del gobernador de Querétaro y de personas afines a su persona. En julio del 2018, más para llamar de los medios de comunicación, que por su peso político la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) -Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, criticó el proyecto de los coordinadores estatales de programas federales anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jiménez Salcedo es una de las voces que hace eco a los pronunciamientos del líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Jiménez Salcedo tiene vínculos con el gobernador Domínguez, en virtud de que fue su secretaria en el Ayuntamiento de Querétaro. Aunado a lo anterior participa en las empresas Agacel, Agregados y Asfaltos S.A. de C.V., que según una investigación de la revista Proceso- es una de las seis con mayor número de contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, encabezada por su titular Romy Rojas. Los vínculos de Jiménez Salcedo con el PAN y sus administraciones no son una novedad ni sorprenden a nadie. Es más, la revista Proceso en febrero de 2018, señaló su participación en operaciones inmobiliarias con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.
Según Proceso “de acuerdo con documentación oficial que obtuvo, en 2010 Anaya recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles con ese dinero adquirió un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Jiménez Salcedo quien también sustituyó en la presidencia de la Coparmex –Querétaro al senador del PAN Mauricio Kuri González. Estos intereses están más allá del nombramiento de Rosario Piedra pero son los operan en su contra. Es más las atribuciones de la Comisión no siempre impactan en el actuar de las autoridades, no digamos ya en la generación o corrección de políticas públicas, porque la CNDH opera sobre una plataforma de huecos e incongruencias institucionales que obstruyen la consecución de sus fines normativos, pero también porque la realidad misma de la sociedad mexicana rebasa por mucho sus limitadas capacidades y recursos. Muy poco puede hacer un organismo protector de derechos humanos con las debilidades orgánicas y los alcances limitados de la CNDH, eso lo saben los panistas cn el nombramiento de Rosario Piedra para proteger sus intereses económicos y la corrupción que existe en Querétaro.
