Pablo Cabañas Díaz.
De 1982 al 2018, se va a dar continuidad e impulso al proyecto neoliberal en Méxicol. La cohesión ideológica existente de 1982 al 2018 en el gobierno mexicano permitió que produjeran múltiples reformas para construir un nuevo modelo de desarrollo. El grupo de tecnócratas diseñó, negoció y defendió el paquete de reformas estructurales que puso al mercado autorregulado en el centro del nuevo modelo de desarrollo, tal y como articularon a todas las fuerzas internas que se interesaban en cambiar el modelo de desarrollo hacia una economía centrada en el mercado. Estos cambios operaron a partir de la apertura comercial y financiera mediante el impulso a un conjunto de Tratados de Libre Comercio (TLC) que profundizaron la integración de México en los mercados globales.
Los tecnócratas, jugaron un papel claves en el diseño y aprobación de las reformas neoliberales y, una vez que éstas se aprobaron, en la dirección de la economía de mercado.
El primer equipo con una orientación predominantemente neoliberal apareció en 1982, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya primera tarea fue la de defender la disciplina fiscal y las políticas anti-inflacionarias restrictivas, aun cuando éstas afectaran los niveles de empleo.
En 1988, en el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales (IEPES),una entidad del PRI, se planeó la campaña electoral de Carlos Salinas y se concibió un nuevo proyecto económico. En 1993, en el equipo de Ernesto Zedillo (1994-2000), se articuló a lo largo de su campaña y de su gestión la incorporación de ex funcionarios de la SHCP y de Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), como Herminio Blanco (que provenía de la SPP), Guillermo Ortiz Martínez (de la SHCP) y Jesús Reyes-Heroles quien había sido director general de Planeación en la SHCP en el sexenio de Miguel de la Madrid que tenían una clara orientación neoliberal.
El proyecto neoliberal buscó en primer lugar, el repliegue del Estado de todas las áreas de la economía, pero muy en especial el abandono de las estrategias de industrialización, la desregulación económica, los subsidios al consumo y a la producción se termina con el modelo de sustitución de importaciones, porque al parecer de los tecnócratas, tales políticas distorsionaban el funcionamiento del mercado. También se inicia la privatización de las compañías estatales y con ella la transferencia masiva de recursos del sector público al privado; y se favorece la liberalización y la apertura de la economía al comercio y a la inversión y, la autonomía de algunas dependencias públicas.
Esas reformas transformaron la esencia del Estado productor e interventor a un Estado regulador y, por esta vía, también transformaron a la élite política.
Los neoliberales se concentraron en las reformas financieras, fiscales y en el combate a la inflación, así como en aumentar la autonomía del Banco de México. Hubo también una profunda reforma a los programas sociales en los que acentuó su orientación focalizada (por ejemplo, el Programa Oportunidades) y, en el Sistema de Pensiones para individualizar las cuentas y orientar los fondos al mercado de valores. Varios funcionarios (Jesús Reyes Heroles, Adrián Lajous, Carlos Ruiz Sacristán , Emilio Lozoya Austin y Luis Videgaray Caso iniciaron, o profundizaron, el proceso de privatización del sector energético, por medio de la subcontratación de un número cada vez mayor de eslabones de las cadenas de valor y, con cambios constitucionales de fondo.
Luis Téllez participó activamente entre 1990 y 1993 en el diseño de la Reforma Agraria que liberalizó los derechos de propiedad del ejido, así como en el diseño del capítulo agrícola del TLCAN durante el período de CSG; además, como jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Zedillo, transitó en varias ocasiones del sector público al privado y viceversa, al tiempo que también participó en las reformas al Sistema de Pensiones y en el diseño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (fobaproa), programa por medio del cual se rescataron los bancos entre 1995 y 1996. Por supuesto, también encontramos algunos funcionarios que participaron decididamente en el programa de reformas estructurales en su conjunto.
Jacques Rogozinski y Pedro Aspe fueron los responsables de diseñar los criterios con base en los cuales se privatizarían las empresas estatales más importantes a partir de 1988: cuando se inicia su venta, el orden de prelación está definido por aquellas empresas que contaban con inversiones mucho más cuantiosas y tenían mayores niveles de complejidad, como por ejemplo Telmex, las siderúrgicas, Ferrocarriles Nacional de México y, por supuesto, los bancos. La intervención de los funcionarios públicos en la privatización de estas empresas los vinculó de diferentes maneras a los bancos de inversión internacionales que participaron tanto en el diseño de los prospectos de venta como en los paquetes de financiamiento. Además, se contrataron despachos de ingeniería financiera, nacionales e internacionales, para evaluar los activos de consorcios de mayor nivel de complejidad y organizar las subastas. Las firmas de consultoría creadas por las élites estatales, sobre todo a partir de la década de los noventa, se convirtieron también en espacios de intermediación entre intereses públicos y privados.
