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Pablo Cabañas Díaz.

Decía el escritor español Baltazar Gracián que el primer “paso de la ignorancia es presumir de saber” esto fue lo que sucedió en 2014, cuando era presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien varias veces sostuvo que para combatir la corrupción se debía de reconocer que era un asunto de orden cultural. Esta no fue la única vez que señaló el carácter cultural de la corrupción en mayo de 2015, Peña Nieto volvió a sostener su argumento durante su participación en la Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. “La corrupción es un asunto de orden a veces cultural, que es un flagelo de nuestras sociedades especialmente latinoamericanas y que si realmente queremos lograr un cambio de mentalidad, de conductas, de práctica, de asimilar nuevos valores éticos y morales debe ser un cambio estructural desde la sociedad”.

Con esa visión para gobernar quienes conocen los documentos que posee Emilio Lozoya, no se han asombrado de que el Fiscal Alejandro Gertz asegure que tiene elementos suficientes para involucrar no sólo al expresidente Peña Nieto, como señaló The Wall Street Journal (6/ 08/ 2020), sino también a figuras como Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, y al excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el fiscal Gertz han tenido discrepancias, pero tienen una coincidencia: quieren a la plana mayor del peñanietismo rindiendo sus respectivos testimonios ante los jueces. La semana pasada, durante su conferencia mañanera, el presidente expuso que desconoce el probable involucramiento de Peña Nieto en la trama de corrupción de Odebrecht.  Pero en los círculos del poder cercanos a Palacio Nacional creen que remitió un mensaje a Meade, por su participación en el Consejo de Administración de Pemex, en momentos diferentes, durante la gestión presidencial de Felipe Calderón.

El primer momento fue de enero a septiembre de 2011, cuando Meade se desempeñó como secretario de Energía, y como tal, presidente del Consejo de la petrolera. En ejercicio de ese cargo, Meade habría dado su aval para que Pemex mantuviera un contrato con la empresa Braskem, filial de Odebrecht, suscrito en 2010. Como resultado de ese contrato, Pemex se comprometió a comprar gas en el extranjero por los siguientes 18 años, y a venderlo a Braskem con un descuento de entre 10 y 20%. Meade no firmó el contrato, pero desestimó las objeciones de dos de los consejeros que señalaron el daño patrimonial a la petrolera estatal mexicana, como se relata en una de las actas de Consejo.

El segundo momento que liga a Meade con el caso Lozoya, es cuando fue secretario de Hacienda, entre septiembre de 2011 y noviembre de 2012, y por tanto, también, miembro destacado del Consejo de Administración de Pemex. Bajo su gestión, el 15 de noviembre de 2011, se aprobó el Paquete Económico 2012, incluidos los planes de inversiones energéticas, en los que se estarían cumpliendo compromisos contraídos por Lozoya con ejecutivos de Odebrecht.

El golpe para implicar al expresidente Enrique Peña Nieto no provendría de los funcionarios de Odebrecht, sino de Lozoya. De hecho, la descripción que hace Luis Alberto Meneses sobre el esquema de transferencias a Lozoya parece sugerir que se trataba de un “negocio” personal del exdirector de Pemex: “Éramos él y yo, nada más. Mi relación era con él”.

Como se recordará, las acusaciones contra Lozoya consisten en haber recibido sobornos por 13 millones de dólares de Odebrecht, presuntamente para “apoyar” la campaña presidencial de Peña Nieto; para favorecer a la constructora brasileña con contratos de Pemex, y por la compra con sobreprecios, por parte de la paraestatal, de las empresas Agronitrogenados y Fertinal.

La denuncia de que las órdenes de comprar esas empresas venían de Peña Nieto fueron hechas “por exconsejeros de Pemex, Bancomext y Nafín” a la revista Proceso, pero de manera off de record. Así que la posibilidad de juzgar a Peña Nieto depende del momento en que las autoridades presenten a Lozoya ante tribunales mexicanos, para lo cual falta muy poco. En Morena hay quienes consideran que el asunto debe quedar en un castigo ejemplar a Lozoya, pero el ala radical, los llamados duros, creen que el mejor momento para comenzar a involucrar en serio a Peña Nieto, Videgaray y Meade es a principios de 2021, cuando comienza la carrera por las elecciones intermedias, donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre otros cargos políticos locales.  Será este asunto un problema ligado no al calendario de la justicia sino al calendario electoral.

 

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