Pablo Cabañas Díaz.
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en espera de recibir nuevas órdenes para detener a quienes adquirieron y utilizaron un software denominado “Pegasus”, creado y comercializado por una empresa israelí (NSO Group). Este software fue infiltrado en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos de ciudadanos críticos al gobierno de Enrique Peña Nieto —periodistas, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción— con el objetivo de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios; incluso se señala que el micrófono y la cámara de los dispositivos pueden ser activados mediante este programa.
Entre los implicados por el uso de Pegasus aparece– el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alberto Bazbaz; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; y Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo de seguridad.
Fue en mayo de 2017, cuando fueron denunciadas públicamente las actividades de espionaje de la administración de Peña Nieto. Por lo que un grupo de organizaciones decidieron romper su relación con el gobierno mexicano en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral en pro de la transparencia gubernamental impulsada en 2011 por México y otros países en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Unas semanas después, The New York Times expondría con mayores detalles las actividades de espionaje ilegal del gobierno de Peña Nieto en contra no solo de periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción e incluso sus círculos familiares.
Este reportaje generó importantes ángulos de análisis: la gravedad de las violaciones a las libertades de información, de expresión y de prensa; la necesidad de una investigación judicial creíble, independiente y “acompañada” por instancias internacionales; y sobre todo el uso del espionaje político y las posibles razones del gobierno para realizarlo.
El espionaje, estuvo dirigido también contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que revisó la investigación del caso Ayotzinapa entre febrero de 2015 y abril de 201647. El software fue instalado en más de 1,400 personas, en al menos 20 países alrededor del mundo, entre ellas México, según descubrieron WhatsApp y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
