Pablo Cabañas Díaz
El caso de Ximena Puente quien fue presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra el papel que han tenido los llamados órganos autónomos en nuestro país. Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal . Como premio a estos servicios el PRI en la pasada elección federal del 2018, la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados.
Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.
Fue así que el INAI, con el voto de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto acciones que fue operadas por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.
Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el ex presidente Peña Nieto.
Puente fue presidenta del INAI y se registró para la fiscalía anticorrupción como una pieza del PRI para proteger al gobierno priista. De ahí la importancia de revisar la composición real de los organismos autónomos del Estado y de reorganizar las formas de designación de esos funcionarios porque Peña Nieto sigue presionando y obteniendo favores de estos órganos autónomos a través de priistas disfrazados de ciudadanos.
