Pablo Cabañas Díaz
Esta semana el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador rechazara recibir personalmente el reporte anual de la Comisión como se hiciere tradicionalmente desde hace 29 años.
“Este es mi quinto informe y es el primero que no se da frente al Presidente de la República, en 29 años (de la CNDH) siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene el Ombudsperson de decirle a la máxima magistratura ejecutiva en qué estado se encuentran los derechos humanos”, afirmó González Pérez.
Desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, se llevaba a cabo una ceremonia oficial ante la presencia de éste -quien escuchaba y respondía el informe- y de representantes de las organizaciones civiles, así como de otros funcionarios. Empero, en esta ocasión, el Ejecutivo determinó que el reporte se entregara por escrito y el evento fue turnado a la SEGOB.
González Pérez tiene como principal mérito el haber sido el enterrador del caso Colosio. Sirvió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como fiscal especial para cerrar, el expediente Colosio con la verdad jurídica de que Mario Aburto fue un asesino solitario y que detrás del crimen del candidato presidencial del PRI no hubo ninguna motivación política ni muchos del narcotráfico.
En noviembre próximo, termina su segundo periodo al frente de la CNDH. En el plan de trabajo que presentó al Senado en su primera gestión, pidió “volver a los principios básicos con los que trabajó la CNDH y que se habían perdido en el camino”. Evocó en su mandato los inicios del organismo creado en 1990 por Carlos Salinas y que estuvieron bajo la conducción del Jorge Carpizo, fallecido en marzo de 2012.
Formó parte del equipo de confianza en la cuestionada gestión de José Luis Soberanes en la CNDH, donde coincidió con el saliente presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, a quien el Senado le negó un segundo periodo luego de las severas y extendidas críticas sociales por sus extendidos conflictos de interés. Pasó el período panista entre la CNDH y la UNAM, donde fue abogado general al lado del José Narro Robles, con quien coincidió en el gobierno de Ernesto Zedillo. González era el fiscal especial y Narro, subsecretario de Salud.
En la CNDH, estuvo a cargo del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, fue primer y segundo visitador general y director de asuntos indígenas. Aunque en su historia de vida se destaca que participó en la investigación de la masacre de Aguas Blancas en 1995, que derivó en la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, en realidad fue la investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que abrió la puerta para la renuncia del gobernante.
En la época en que estuvo a cargo del Programa de Agravios a Periodistas lo único que trascendió fue la acumulación de expedientes.
En su vida académica Enrique Carpizo Aguilar, sobrino del ex rector Jorge Carpizo, lo acusó de plagiar un trabajo suyo para titularse como doctor en derecho. Carpizo, según la queja, presentada ante la visitadora adjunta, Claudia Isabel Conde López, Carpizo Aguilar elaboró, por encargo de González Pérez, una investigación sobre libertad de expresión durante ocho meses, entre 2011 y 2012, y el resultado fue un documento de 600 páginas que le entregó personalmente al presidente de la CNDH.
Según Carpizo Aguilar, González Pérez estaba usando su investigación para titularse como doctor en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España.
En su queja, el abogado advierte que esta conducta de González Pérez, “me hace sospechar que algo de cierto hay en las aludidas sospechas sobre la autenticidad de su investigación doctoral, situación que pone en riesgo su actividad como académico universitario. Hecho que retrata a quién estuvo a cargo por ochos años de la CNDH.
