Pablo Cabañas Díaz.
En noviembre de 2019, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó el informe “Poner fin al ciclo de crisis y complacencia en la seguridad sanitaria mundial de los Estados Unidos“, afirmaba que “a medida que las ciudades de gran densidad y escala proliferan, y la tierra se calienta más, la amenaza de nuevas enfermedades infecciosas aumenta abruptamente.
Nadie puede afirmar que no fuimos advertidos. La complacencia y la negligencia para tratar al nuevo virus nos mantiene encerrados en nuestros hogares. Nadie sabe exactamente lo que vendrá, la crisis financiera de 2008 nos mostró que podemos sufrir las calamidades de épocas pasadas, como el colapso económico de la Gran Depresión de 1929. Ahora, sabemos que tocar cosas, y respirar el aire en un espacio cerrado puede ser arriesgado. La rapidez con que ese temor retroceda será diferente para diferentes personas, pero nunca podrá desaparecer por completo para quien haya vivido este año.
En este contexto, todo indica que vendrá una “onda de choque política” este es el mayor riesgo. Los estudios han demostrado que después de una crisis social hay procesos que desestabilizan el orden social. Las crisis sociales hacen visibles muchos problemas. Con nuestros actuales niveles de tensión, vamos a necesitar de formas más positivas para relacionarnos. El momento del choque social crece por la polarización social. La epidemia también revelará las fallas mortales en el sistema de atención médica. No solo se necesitará una dosis masiva de medicinas y cuidados médicos, también necesitaremos la intervención del gobierno, en muchas áreas que hoy están en manos privadas. La pandemia mostrará que un gobierno en funcionamiento es crucial para una sociedad saludable. La lección -hasta ahora- parece ser que el reconocimiento de que las instituciones gubernamentales, incluidas las encargadas de proteger nuestra salud, preservar nuestras libertades y supervisar nuestra seguridad nacional, deben contar con expertos (no incondicionales políticos), y que las decisiones deben tomarse a través de un proceso de políticas razonadas y basadas en evidencia basada en la ciencia.
