Por Pablo Cabañas Díaz
Gerardo García Marroquín, en su obra La Justicia Electoral y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ofrece un examen riguroso de la arquitectura institucional que sostiene —y a veces tambalea— la democracia mexicana. El volumen, compuesto por once capítulos, no se limita a describir el ecosistema electoral; lo interroga, lo tensiona y lo expone en sus contradicciones más visibles.
El texto parte de una doble tesis que se confirma a lo largo de sus páginas: por un lado, existen avances normativos y operativos que configuran un horizonte de elecciones más íntegras e inclusivas; por otro, persisten inercias institucionales y riesgos de politización que impiden que la igualdad formal, particularmente frente a la violencia política contra las mujeres, se traduzca en garantías efectivas. Esta perspectiva no sólo enriquece el debate académico, sino que se vuelve indispensable para legisladores, fiscales, jueces y operadores del sistema electoral.
El análisis de la reforma judicial de 2025 constituye uno de los nudos más relevantes del libro. García Marroquín señala con lucidez el dilema entre legitimidad democrática e independencia judicial: la elección popular de juzgadores, presentada como mecanismo de apertura, puede derivar en incentivos partidistas que socaven la imparcialidad. La crítica es pertinente en tanto que la justicia electoral requiere blindajes institucionales sólidos y no simples gestos de legitimación. El argumento resulta particularmente valioso para quienes estudian la tensión contemporánea entre democracia procedimental y calidad de la justicia.
La sección dedicada a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) refuerza la tesis de que las instituciones electorales mexicanas se encuentran en proceso de aprendizaje. El autor reconstruye dos momentos clave: 2020-2021 y 2023-2024. Mientras en el primero predominó la expansión territorial y la coordinación interinstitucional, en el segundo se evidenciaron los cuellos de botella en la denuncia, la judicialización y la especialización en violencia política de género. Este contraste revela que la eficacia institucional no puede medirse únicamente en términos de cobertura, sino de resultados tangibles en la tutela de derechos.
La obra de Gerardo García Marroquín es una referencia ineludible para entender los dilemas actuales de la justicia electoral mexicana. Recomendar su lectura es, en este contexto, recomendar un ejercicio de rigor intelectual y compromiso democrático: un texto que no sólo describe el estado del arte, sino que interpela a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de cerrar las brechas entre el ideal normativo y la realidad institucional.
