Fernando Irala
Tradicionalmente, el 1 de septiembre era, hasta fines del siglo pasado, el día del Presidente.
Ese día se rendía el informe presidencial ante el Congreso de la Unión, y durante esa jornada y por varias más, todo eran loas al mandatario y a lo bien que iba el país.
Con el ensayo democrático que se inició con el siglo actual, las relaciones con el Legislativo se tornaron ríspidas, el Presidente dejó de asistir a la Cámara de Diputados al inicio del ciclo parlamentario, y ya no hubo lectura del informe.
Hoy, la Presidenta enviará como ya es costumbre su documento a los legisladores, y en vez de su discurso ante el Pleno tendremos, como también ya se hizo costumbre, un encuentro con sus partidarios, amén de los interminables spots que antes y después de la fecha inundan el espacio radiofónico y televisivo con su repetitiva propaganda.
Pero este año, en cambio, el comienzo septembrino es significativo porque entra en funciones la nueva Corte Suprema y más de ochocientos ochenta ministros, magistrados y jueces con los que se sustituye al antiguo poder judicial, defenestrado por una polémica reforma cuestionada desde su planteamiento mismo y durante todo el proceso.
Ya hemos recordado cómo el proyecto de cambiar la Corte se genera como resultado de un encontronazo personal entre los titulares del Ejecutivo y del Poder Judicial.
El proceso, apresurado y lleno de trampas y errores, tuvo como culminación de antología la votación con los tristemente celebres acordeones, con los que el régimen orientó el voto de sus huestes, los únicos que sufragaron y cuyas papeletas válidas sumaron menos de una décima parte del padrón de ciudadanos.
La nueva Corte y las nuevas instancias judiciales constituyen ahora un poder disminuido, sujeto al gobierno, que sólo deja en el papel la supuesta división de poderes y la independencia de los jueces.
Con ello, los derechos de los ciudadanos se restringen, y en particular queda en entredicho la vigencia de un estado de Derecho y está en riesgo la observancia de los derechos humanos.
Hemos retrocedido más de setenta años, y estamos de nuevo en un régimen en que el poder presidencial no tiene ningún contrapeso, ni en el Legislativo, donde la oposición ha sido borrada y acallada, ni ahora en el Judicial, que se vuelve un instrumento más al servicio del Ejecutivo.
En pleno siglo XXI, la 4T ha reconstruido el viejo sistema que llevó al finado escritor peruano Mario Vargas Llosa, a afirmar que en México existía la dictadura perfecta.
