POR PABLO CABAÑAS DÍAZ
La cultura no es un ornamento ni un lujo prescindible; es el tejido que sostiene la identidad y la memoria de una nación. Sin embargo, el panorama actual de la Secretaría de Cultura de México en 2026 cuenta una historia de negligencia y asfixia institucional. Lo que comenzó como un retraso administrativo se ha transformado en una crisis estructural que no solo paraliza oficinas, sino que vulnera la dignidad de quienes dan vida al patrimonio, el cine y la radio pública del país.
Bajo la gestión de Claudia Curiel de Icaza, instituciones emblemáticas como el INBAL, la Cineteca Nacional, Radio Educación e IMCINE enfrentan un escenario de desolación financiera. La toma de oficinas en Arenal 40 y Paseo de la Reforma es el síntoma de una enfermedad profunda: el abandono de la base trabajadora. Cuando los empleados denuncian salarios por debajo del mínimo y recortes presupuestales en un contexto de inflación creciente, no solo están pidiendo dinero; están exigiendo el derecho humano básico a una remuneración justa por su trabajo.
La situación en Radio Educación es, quizás, el ejemplo más doloroso de este maltrato. Una emisora centenaria, pilar de la alfabetización y la difusión cultural, ha llegado al extremo de sufrir cortes de luz por falta de pago de servicios básicos. Mientras la dirección general mantiene salarios de alta jerarquía, las familias de los trabajadores por honorarios quedan en la incertidumbre. Esta ética administrativa —donde se prioriza la burocracia sobre la operatividad— es un golpe directo al corazón de la comunicación pública.
El maltrato a la comunidad cultural se manifiesta en la técnica de “dar atole con el dedo”. Las promesas de diálogo y las mesas de trabajo que no derivan en propuestas concretas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son una forma de violencia institucional. Al postergar soluciones, el Estado desgasta la resistencia de los trabajadores, apostando al olvido o a la rendición por necesidad económica.
Esta crisis no es aislada. El hecho de que en la Cineteca Nacional se despidan empleados mientras se prometen mejoras, o que en el IMCINE los profesores deban amenazar con paros para recibir lo que ya devengaron, revela que el sector cultural es visto como una variable de ajuste presupuestal. Aunque en 2024 se alcanzó un pico presupuestal, gran parte de esos recursos se destinaron a megaproyectos de infraestructura, dejando las “venas” de la operación cultural —los salarios y el mantenimiento— secas.
El caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque de distinta adscripción, refuerza la narrativa de una administración pública que ha perdido el control de su nómina y su sentido de responsabilidad social. Profesores sin cobrar por seis meses y hallazgos de daño al erario por millones de pesos contrastan cruelmente con el artista, el técnico o el docente que no puede pagar su renta.
La crisis de pagos en la Secretaría de Cultura no es un simple error contable; es un maltrato sistemático a la comunidad cultural. Al no garantizar el flujo de recursos hacia quienes operan la cultura día a día, el Estado mexicano está permitiendo la erosión de sus propias instituciones. Un país que apaga las luces de sus radios y deja sin sustento a sus creadores es un país que está hipotecando su futuro intelectual. La verdadera transformación cultural comenzará cuando el trabajo de quienes la producen sea respetado con la misma seriedad con la que se anuncian los grandes proyectos nacionales.
